Los impagos de la Ciudad Autónoma

Se está poniendo en una situación límite a muchas empresas que, de seguir con esta asfixia económica provocada por la negativa de la Intervención a dar el visto bueno a los pagos, se verían obligadas a la suspensión del abono las nóminas y a solicitar EREs La política de pagos de la Ciudad Autónoma a sus proveedores está dejando últimamente mucho que desear por la situación de interinidad que sufre desde hace unos meses la Intervención de esta institución.

Facturas que llevan tiempo sin abonarse y que están abocando a muchas empresas de la ciudad a una situación insostenible, que podría tener unos perjuicios irremediables en las mismas y en las personas que las conforman.

Son trabajos y servicios realizados a la Ciudad Autónoma, debidamente justificados, y que sin embargo no son pagados.

Así, se está poniendo en una situación límite a muchas empresas que, de seguir con esta asfixia económica provocada por la negativa de la Intervención a dar el visto bueno a los pagos, se verían obligadas a la suspensión del abono las nóminas a sus trabajadores y lo que es peor, a la petición de expedientes de regulación de empleo. Una situación catastrófica para muchos trabajadores que se verían abocados al paro, algo también catastrófico para una ciudad como Melilla, donde se verían aumentadas aún más las altas cifras del desempleo, su mayor cáncer.

El Gobierno de Melilla debe tomar cartas en el asunto y resolver la situación que se está produciendo en estos últimos meses en la Intervención de la Ciudad Autónoma y por ende en la Consejería de Economía y Hacienda.

Si abonan religiosamente los sueldos de sus empleados públicos, algo que es absolutamente normal y comprensible, no se entiende como no se hace con los trabajos que empresas privadas hacen a la Ciudad Autónoma. En estos casos también esos trabajadores de empresas privadas tienen derecho a percibir sus emolumentos y no hacerlo sí que es ilegal.

El problema en la Intervención de la Ciudad Autónoma, desde la marcha de Francisco Javier Platero, ha sido una constante. Sin embargo, las posibilidades de aguante de las empresas a las que la administración autonómica no satisface sus deudas no es ilimitada. La situación, por tanto, no puede ser más inconcebible.

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