Casi un centenar de organizaciones se han sumado este martes a un escrito remitido por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) a los grupos parlamentarios para pedirles a aquellos en contra de las devoluciones en caliente que reclamen al Gobierno el fin de las mismas.
En el documento, APDHA recuerda que entre las formaciones que han mostrado su rechazo a esta práctica se encuentran las dos que actualmente sostienen el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos). Además, PNV, ERC, EH Bildu o Más País, entre otros, explica la organización, también se han posicionado en este sentido.
Las organizaciones consideran que las devoluciones en caliente son «contrarias a los derechos reconocidos a toda persona en aquellos tratados internacionales ratificados por España que protegen el derecho al asilo, el principio de no devolución y prohíben las expulsiones colectivas».
Del mismo modo, creen que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre esta materia no respalda esta práctica tal y como se está practicando en las fronteras de Ceuta y Melilla, sino que «exige tres requisitos»: la aplicación a las entradas individualizadas; un pleno control judicial; y el cumplimiento de las obligaciones internacionales.
DEROGAR LA LEY MORDAZA
En el documento de APDHA, las organizaciones firmantes señalan que «es del todo imposible respetar esos tres requisitos en las devoluciones en caliente que se ejecutan en la actualidad y que, a su juicio, son «básicamente abrir la verja y expulsar a la persona». Para las ONG, esta situación es «incompatible con un procedimiento que garantice derechos como la asistencia jurídica, la atención por un intérprete, la solicitud de asilo o efectuar un recurso».
«No hay ningún procedimiento real y material que pueda garantizar en las devoluciones en caliente el respeto a los derechos de las personas migrantes en la Frontera Sur y, por ello, defendemos que las devoluciones en caliente deben acabar», explican, antes de llamar a la derogación de la conocida como ‘Ley Mordaza’ en la que se regula esta práctica.
Creen que con esta norma «no es imposible detectar adecuadamente a las personas en situación de vulnerabilidad o susceptibles de optar a asilo si el procedimiento de expulsión se instruye y ejecuta de manera inmediata».
Es por ello, indican en el documento, que la derogación de esta ley debe ser «prioritaria». Además, ven necesario, a cambio, la aprobación de una normativa «basada en la plena y efectiva garantía de los derechos».
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