Categorías: Inmigración

Las ONG denunciantes piden al juez que identifique a otros tres guardias civiles

Varias de las ONG que se presentan como acusación popular en el procedimiento por el que han sido imputados ocho guardias civiles por su actuación en la valla durante el intento de entrada masiva del pasado 15 de octubre han pedido al juez Emilio Lamo de Espinosa que identifique a otros tres agentes que estaban ese día de servicio en la alambrada. Según explicó a MELILLA HOY el abogado, José Luis Rodríguez Candela, se trata de un guardia civil que “aparece en el vídeo golpeando aparentemente encima de la valla a un inmigrante que no estaba ejerciendo ninguna resistencia”, y otros dos agentes que “estaban golpeando a Danny y que no fueron identificados en su momento”. José Luis Rodríguez Candela es el abogado de varias de las ONG que se han personado en esta causa como acusación, concretamente la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), SOS Racismo, Prodein y Andalucía Acoge. En declaraciones a este Periódico, indicó que tras la declaración de los ocho guardias civiles imputados el pasado jueves, ésta es la única medida que han solicitado “de momento” al juez.

Sobre la declaración judicial, el letrado dijo que el jueves salió “contento” del juzgado a pesar de que la versión que dieron los ocho agentes dejó “algunos interrogantes en el aire”. En su opinión, el hecho de que “se esté investigando una actuación en la valla” ya es un paso adelante.
“Esto pone de manifiesto que no podemos seguir en la impunidad”, apuntó Rodríguez Candela. A su juicio, es “una decisión muy importante” porque “ya no se podrá actuar de forma impune”. Dicho de otro modo, [los agentes] “saben que tienen detrás a alguien que está vigilándoles y que la Administración de Justicia funciona con independencia del resultado”.

Ese alguien, concretó, es el juez Emilio Lamo de Espinosa, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla: “El hecho de que exista un juez interesado en conocer cómo se actúa en la valla para ver si hay o no abusos y si se producen delitos de prevaricación o no, me parece una decisión muy importante”. El hecho de que este juzgado lleve desde el verano pasado investigando varios intentos de entrada masiva permite que los responsables de la actuación en la valla “al menos sepan que tienen detrás a una Administración de Justicia, en este caso impulsada por organizaciones sociales, que tendrán que velar por ver si se actúa correctamente o no”.

Respecto a la declaración de los guardias civiles en sí, Rodríguez Candela apuntó que “como es natural, mantuvieron una actitud defensiva, negando que se ocasionaran lesiones” al inmigrante camerunés llamado, según las ONG, Danny. El abogado explicó que básicamente, los agentes se centraron en aclarar que “su función fue fundamentalmente reducirlo porque les había agredido”.

“Interrogantes en el aire”
Sin embargo, la versión de los agentes dejó algunos “interrogantes en el aire” desde el punto de vista del abogado. Según él, en el vídeo aportado por la Guardia Civil se veía a varios agentes “agrediendo” a inmigrantes, pero los que estaban imputados “no supieron dar una explicación de por qué esos compañeros suyos estaban actuando de esa manera”. “Tampoco se dio una explicación, desde mi punto de vista satisfactoria, de por qué no avisaron a los servicios de emergencia para ver si ese inmigrante estaba desvanecido o fingiendo como ellos decían”, lamentó el abogado, que apostilló que los guardias civiles “no tienen ninguna formación médica”.

Otra de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa en la declaración es “cuándo se considera que se ha entrado en España”, ya que los agentes dijeron que cuando una persona salta la valla. “Pero si bajan por una escalera no, a pesar de que llegan al mismo sitio”, agregó Rodríguez Candela, que dijo haber echado de menos “una respuesta satisfactoria sobre si tenían instrucciones precisas, un protocolo, o si ese protocolo fue notificado o no”.

El siguiente paso ahora es esperar a que el juez resuelva sobre las pruebas y que declaren, si el magistrado lo estima, los tres guardias civiles que piden las ONG y un testigo que no acudió el miércoles. También que la Audiencia Provincial decida sobre el recurso a la imputación del coronel jefe de la Comandancia, Ambrosio Martín Villaseñor.

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Redacción

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