La familia de un agente sevillano de la Policía Nacional ha recurrido por la vía Contencioso Administrativa, la decisión de la Administración estatal de denegar la pensión extraordinaria solicitada por la familia de un agente de la Unidad de Intervención Policial (UIP) fallecido por un infarto, después de que se retirase a descansar en el operativo especial en el que participaba en Melilla ante los asaltos a la valla fronteriza.
El abogado Fernando Osuna, que representa a esta familia, ha explicado en un comunicado que el agente, de 48 años de edad y miembro de la UIP, fue destinado en comisión de servicio a la ciudad de Melilla, dado que aquí se estaban produciendo «saltos masivos de la valla fronteriza» con Marruecos; así como altercados dentro de la localidad por «grupos organizados», tales como el incendio de contenedores o actos vandálicos en la Cañada de Hidum.
“Además de montar un dispositivo especial en la frontera española de Melilla con Marruecos para impedir la inmigración ilegal procedente del área subsahariana del continente africano, tenían que alternarse en el servicio en funciones de Orden Público ante posibles altercados. Se registran nuevos desordenes públicos. Proceden a ejecutar órdenes judiciales de entrada, registro y detención de varias personas en once domicilios del barrio de la Cañada de Hidum” ha señalado el abogado
Una de estas jornadas, según el abogado, «el policía en cuestión se retiró a descansar por la noche después de una jornada completa de trabajo en las dramáticas condiciones expuestas, pues no se encontraba bien y estaba especialmente fatigado y muy tenso», falleciendo víctima de un infarto sobre las 3,00 horas de la madrugada «mientras dormía, tras varios días de revueltas, agitaciones y mucha tensión» acumulada por las «intervenciones policiales de alto riesgo».
Según la representación jurídica de la familia, la Administración estatal ha denegado «la pensión extraordinaria por acto de servicio», extremo recurrido por la vía Contencioso Administrativa, en demanda de que la Administración declare el fallecimiento del agente como muerte en acto de servicio, alegando aspectos como una «carga de trabajo realizada en alerta máxima, sin horarios y turnos fijos para hacer frente a las avalanchas y desordenes públicos que se estaban registrando en Melilla, con un altísimo grado de estrés laboral»; o que «la influencia del estrés laboral en los accidentes cardiovasculares es sobradamente conocida en la literatura médica».
El Ministerio de Interior denegó la pensión por dos argumentos: “No hay elementos objetivos que acrediten que el desempeño de la labor profesional determinase el infarto sufrido por el agente y el fallecimiento se produjo cuando se encontraba en su domicilio fuera de servicio”.
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