La “satanización” de la clase política

La elevada petición fiscal contra Miguel Marín choca contra la decisión de varias instancias judiciales anteriores, que no han visto nada ilegal en la contratación de un arquitecto En España en general –Melilla no podía escapar a esta tendencia– se está viendo una "satanización" de la clase política debido a los casos de corrupción que la han salpicado, cada vez más numerosos. Por eso, de una tiempo a esta parte, se observan comportamientos en todos los ámbitos, desde el ciudadano, al político y judicial, en los que no sólo no se perdona ninguna acción a los políticos de turno, aunque sean errores administrativos, sino que por cualquier fallo, por mínimo que puedan cometer, se les machaca y prácticamente se les quiere mandar al destierro, sino algo peor, como a prisión durante varios años.

Sin embargo, los políticos son necesarios porque son los que llevan las riendas de la gestión de las administraciones y organismos públicos, y por culpa de una minoría muy minoritaria de la clase política que ha tenido problemas judiciales, no pueden pagar todos por igual, cuando sabemos a ciencia cierta que hay políticos que están dedicando lo mejor de su tiempo para servir a los ciudadanos y que no están ahí por dinero. Porque varias de estas personas cobran más en sus ocupaciones privadas y profesionales y tienen muchos menores dolores de cabeza que los que pueda tener un responsable político, pero han optado por entregarse a los demás.

No obstante, esta "satanización" de la política puede provocar, sino está sucediendo ya, que los mejores no quieren dedicarse a ello y quede esta tarea para personas sin nivel o que no tengan ninguna ocupación ni beneficio fuera del ámbito público.

Lo que ha ocurrido por ejemplo en el llamado caso Arquitecto, en el que la Fiscalía solicita once años de inhabilitación para el entonces consejero de Administraciones Públicas en 2007 y actual presidente de la Autoridad Portuaria, Miguel Marín, por presuntamente no respetar el VIII Convenio Colectivo del personal laboral de la Ciudad Autónoma en la contratación de un arquitecto para el Ayuntamiento, tiene difícil comprensión. Porque esta elevada petición choca con la decisión de varias instancias judiciales anteriores, que no vieron nada irregular en dicha contratación, en concreto el Juzgado de lo Social, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Audiencia Provincial. Dejemos que la Justicia actúe pero hay cosas que muchas veces no se entienden.

Por último, subrayar que la Ciudad Autónoma ha creado la figura de viceinterventor para solucionar los problemas de cobertura del puesto de interventor, una decisión que se tenía que haber hecho mucho antes dada la parálisis que ha sufrido el organismo autonómico, pero más vale tarde que nunca. Porque la situación a la que están llevando las actuaciones del actual interventor dibujan un escenario dantesco, con un claro perjuicio para las empresas melillenses y para la propia administración, que no podría soportar por mucho más tiempo el bloqueo que se padece en la actualidad.

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