La prostitución suma unas 20 denuncias desde el verano, el 90% a marroquíes

La prostitución en la vía pública suma desde el verano en Melilla una veintena de denuncias, tanto para las mujeres que la ejercen como para sus clientes, que pueden llegar a un máximo de 750 euros. Así lo establece el Reglamento para la Garantía de la Convivencia y la Protección del Espacio Urbano, que entró en vigor en mayo tras su publicación en el BOME. Según informó a MELILLA HOY el consejero de Seguridad Ciudadana, Isidoro González, el 90% de las denuncias por prostitución han sido para marroquíes y apenas 3 o 4 iban dirigidas a españoles. Precisamente el hecho de que la mayoría de los denunciados sean extranjeros ha impedido que la Policía Local tramitara dichas denuncias, ya que por una “interpretación legal” no se iban a poder cobrar.
Ante este inconveniente, el área de Seguridad Ciudadana ha decidido llevar a cabo una campaña de información y concienciación sobre el Reglamento para la Garantía de la Convivencia y la Protección del Espacio Urbano pasadas las fiestas navideñas, entre enero y febrero, con el fin de que los melillenses conozcan más a fondo esta nueva normativa y las sanciones que se establecen para conductas incívicas. Además, también es posible que la Ciudad Autónoma recurra a los controladores de los planes de empleo para realizar esta tarea de conocimiento del Reglamento, aprobado a finales de la legislatura pasada.
Este Reglamento recoge entre las numerosas conductas incívicas objeto de sanción la prostitución que se ejerza en la vía pública. Concretamente, en las zonas residenciales o cercanas a colegios, parques infantiles u otros lugares donde se lleven a cabo actividades comerciales o empresariales.
La multa es tanto para quienes ejerzan la prostitución como para quienes reclaman estos servicios, y puede llegar a un máximo de 750 euros por ser considerada una infracción leve.
El artículo 36 especifica claramente la prohibición de los “usos inadecuados del espacio público”, entre los que destaca el ejercicio de la prostitución. “Se prohíben las prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública cuando éstas afecten a la convivencia ciudadana”, reza literalmente el reglamento. Y continúa especificando las situaciones en las que la convivencia se ve afectada por la prostitución: “cuando se lleven a cabo en espacios situados a menos de 200 metros de centros docentes, educativos, parques infantiles, zonas residenciales o de cualquier otro lugar en el que se realicen actividades comerciales o empresariales”.

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