El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU) ha dado a España el plazo de un año para que realice una investigación sobre el trágico salto a la valla de Melilla del 24 de junio de 2022, en el que murieron, según cifras oficiales de Marruecos, 23 migrantes en su intento de entrar de manera irregular a la ciudad, cifra que algunas ONG, como Amnistía Internacional (AI), elevan incluso por encima de un centenar.
Según han publicado este domingo medios del grupo Vocento, la ONU exige al Ministerio del Interior que realice una investigación “de manera pronta e imparcial a más tardar el 28 de julio de 2024” para aclarar si hubo una supuesta responsabilidad de las fuerzas de seguridad españolas y dilucidar el número real de fallecidos. También le insta a que por entonces haya tomado “todas las medidas necesarias para garantizar que no se repita en el futuro una situación similar”.
Sin embargo, de acuerdo con estos medios, el Ministerio del Interior ha insistido en los últimos días ha insistido en que no está dispuesto a reabrir este caso, que considera “cerrado” tras las investigaciones de la Fiscalía, el Defensor y la Guardia Civil y después de las tres intervenciones en el Congreso del ahora ministro en funciones para dar su versión sobre lo ocurrido en el paso de Barrio Chino.
En concreto, la ONU apunta que “la ausencia de una investigación efectiva de los hechos” e “insta” a España a indagar “cualquier posible responsabilidad de los miembros de las fuerzas de seguridad durante la actuación policial en los incidentes ocurridos en la valla fronteriza”.
Para el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, no es suficiente con que el Gobierno de España se limitara a señalar que la Fiscalía archivó sus diligencias, en la víspera de la Nochebuena del año pasado, “al no apreciarse indicios de delito en la actuación de los agentes españoles”.
Asimismo, tampoco está de acuerdo con la postura del Gobierno al zanjar el caso pese a que el Defensor del Pueblo había concluido en sus pesquisas que se produjeron “470 devoluciones sumarias o en caliente efectuadas aquel día tras el cruce masivo fueron ilegales”. Tampoco con el hecho de que Interior escudara la ausencia de actuaciones internas “al no haber sido posible identificar a ninguno de los agentes que habrían lanzado piedras contra los inmigrantes”.
Según la información publicada por Vocento, la ONU basa su petición de investigación en que no coinciden sus cifras del 24-J con las ofrecidas por Marruecos y aceptadas de facto por España.
Caminando Fronteras elevó el balance provisional a 72 personas fallecidas y, según Amnistía Internacional, se produjeron al menos 37 muertos y no menos de 77 desaparecidos, por lo que la cifra real de víctimas superaría el centenar.
La ONU hace oficialmente suyas las cifras de Amnistía y añade que, al menos, 200 subsaharianos más resultaron con “lesiones de diversa índole” en el salto masivo a la valla.
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