La oficina del señor Zapatero

Cuando José Luis Rodríguez Zapatero dejó La Moncloa, en diciembre de 2011, declaró ante Hacienda un patrimonio de 130.562 euros. Quince años después, el patrimonio inmobiliario de su entorno familiar supera ampliamente los 3,7 millones. Entre una cifra y otra no hay grandes herencias ni éxitos empresariales conocidos. En medio aparecen Venezuela, PDVSA, el petróleo chavista, una aerolínea rescatada con dinero público y una red de sociedades que el juez José Luis Calama describe como una estructura organizada de tráfico de influencias. El 19 de mayo de 2026, Zapatero se convirtió en el primer expresidente del Gobierno investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Pero quizá el mayor problema de Zapatero no sea el dinero. Su verdadero problema es el legado político que deja. Porque la corrupción económica puede acabar en un tribunal. La corrupción política e histórica que generó, puede durar generaciones.

 

El hombre que volvió a abrir las heridas de la Guerra Civil

La Transición española tuvo muchos defectos, pero logró algo muy importante: dejar atrás la división de la Guerra Civil. Durante décadas, España intentó construir una convivencia basada en la reconciliación y no en el enfrentamiento entre vencedores y vencidos. Ese equilibrio empezó a romperse con Zapatero.

La Ley de Memoria Histórica no fue solo una medida simbólica. Para muchos españoles supuso reabrir un conflicto que la sociedad había conseguido superar poco a poco. La Guerra Civil volvió a utilizarse como arma política. El debate público regresó a la lógica de las dos Españas: buenos y malos, demócratas y franquistas, pueblo y enemigos del pueblo.

Zapatero entendió que gran parte de la izquierda podía recuperar fuerza política apelando al pasado y a la memoria emocional. La historia dejó de ser un asunto académico para convertirse en una herramienta de movilización política.

El daño institucional que produjo ese cambio puede ser mucho más profundo que cualquier posible caso de corrupción económica.

Una historia siempre sesgada, totalmente falsa en ocasiones, resucitó el terrible espectro de las dos Españas.

 

 De mediador a aliado del chavismo

Zapatero llegó a Venezuela en 2015 como supuesto mediador entre el régimen chavista y la oposición. Al principio, algunos sectores moderados de la oposición aceptaron su presencia. Pero esa confianza duró poco.

María Corina Machado habló del “efecto Zapatero” para describir cómo aumentaban las detenciones políticas después de algunas de sus visitas. Henrique Capriles dijo que había ayudado a sostener a Maduro. Julio Borges denunció presiones durante las negociaciones en República Dominicana.

En 2018, la Asamblea Nacional venezolana controlada por la oposición lo declaró persona no admisible como mediador. Para muchos opositores ya no era un árbitro neutral, sino un aliado político del chavismo.

A partir de entonces, Zapatero consolidó su relación con Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, el núcleo duro del régimen venezolano. Pasó largas temporadas en Venezuela, actuó como observador en elecciones muy cuestionadas internacionalmente y criticó repetidamente las sanciones occidentales.

Durante años evitó llamar dictadura al régimen de Maduro, a pesar de la represión, las cárceles políticas y la salida de millones de venezolanos del país.

La captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 derrumbó gran parte del relato construido alrededor del chavismo. Pero incluso después de la caída del dictador, Zapatero viajó a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez, convertida en presidenta interina del régimen.

 

 La tarifa de la influencia

La investigación judicial española sostiene ahora que la cercanía de Zapatero con el chavismo pudo no ser solo política.

Según el auto judicial, empresas interesadas en comprar petróleo venezolano debían enviar cartas dirigidas a la Oficina del presidente Zapatero o directamente al expresidente. Como si aquel despacho privado funcionara como una especie de embajada paralela, con acceso privilegiado al régimen venezolano.

El principal intermediario habría sido Julio Martínez, amigo personal de Zapatero y vinculado a decenas de sociedades mercantiles. Según la investigación, el dinero circulaba a través de varias empresas mediante contratos que el juez considera posiblemente ficticios y presentados como consultorías.

La investigación sostiene que algunas de esas sociedades transfirieron cientos de miles de euros al entorno familiar y empresarial de Zapatero. El beneficio total investigado ronda los 1,9 millones de euros.

La llamada Operación Tíbet, realizada por la UDEF el 19 de mayo de 2026, incluyó registros en el despacho de Zapatero en Ferraz, en empresas vinculadas a sus hijas y en otras sociedades investigadas. Posteriormente también se registró la sede del PSOE.

Es muy importante señalar que el caso no nació de una denuncia política española, sino de alertas procedentes de Francia y Suiza, con cooperación judicial internacional.

 

Cuba, Nicaragua y el eje bolivariano

Venezuela fue el centro de la relación política internacional de Zapatero, pero no el único caso.

Con Cuba mantuvo durante años una posición muy favorable al acercamiento diplomático y una actitud muy crítica con las sanciones y el aislamiento del régimen castrista. Sus defensores afirman que el embargo ha fracasado y que la apertura era la única vía posible.

Sus críticos, en cambio, consideran que minimizó la falta de libertades y la represión política en la isla.

Con Nicaragua ocurrió algo parecido. Daniel Ortega nunca recibió de Zapatero el mismo nivel de crítica que el expresidente español dirigía a gobiernos conservadores de la región.

Para muchos analistas, existía una doble vara de medir: dureza frente a ciertos gobiernos y comprensión hacia las izquierdas autoritarias latinoamericanas.

 

El verdadero legado

Muchos intentan reducir el caso Zapatero a una posible trama de comisiones. Pero el verdadero debate va mucho más allá.

Su nefasto legado político está en haber reabierto en España viejas divisiones históricas que la Transición había intentado cerrar. Está en haber convertido la memoria histórica en un instrumento de confrontación política. Y también en haber acercado parte de la izquierda española a modelos de polarización inspirados en el populismo bolivariano latinoamericano.

La justicia dirá si existieron delitos económicos. Pero incluso aunque nunca hubiera condena penal, es muy grave el daño político e institucional causado durante estos años.

Porque una democracia puede sobrevivir a un escándalo económico. Lo que resulta mucho más difícil es sobrevivir a la destrucción lenta del consenso nacional y a la reapertura permanente de conflictos que parecían ya superados.

 

 

 

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