La Oficina de Regulación busca una aplicación uniforme de la ley en materia de contratos para la Ciudad de Melilla

María José Santiago, presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, expuso ayer que desde el organismo están buscando llevar a cabo una aplicación uniforme de la ley en materia de contratos para la Ciudad de Melilla y para todo el Estado. Además, otro de los objetivos que se marcan en esta Oficina es diseñar una estrategia nacional obligatoria para Ayuntamientos, comunidades autónomas y Administración del Estado. María José Santiago en su ponencia ‘Regulación del mercado de la contratación publica’ de estos Cursos de Verano explicó cuáles son las funciones que tienen encomendadas y qué es lo que se está realizando en las dos nuevas oficinas de supervisión y regulación de la contratación pública que se están poniendo en marcha. Una de ellas es la oficina nacional de evaluación y la otra es la oficina de regulación y supervisión.

Ciudad de Melilla
Respecto a si han hablado a nivel de Melilla, respondió que se está tratando “a nivel transversal” porque en las dos primeras intervenciones se han referido fundamentalmente a todos los temas de encargos a medios propios, empresas públicas, contrataciones fuera de lo que es la licitación con empresas privada y los encargos de ejecución.

Para cerrar la ponencia, la presidenta de la Oficina señaló que ha hablado de cómo se puede llevar a cabo una interpretación uniforme de la legislación en materia de contratos para todo el sector público, estatal, autonómico y local. Por otro lado, expuso que han tratado cómo realizar la supervisión de cómo funciona esa contratación a nivel local, autonómico y estatal “para determinar cuáles son las patologías que nos lleven a diseñar una estrategia nacional de contratación”.

En cuanto a la compra pública, indicó que no se trata de compras de inmuebles, sino de lo que son la ejecución de obras, prestación de servicios y el suministro del ámbito junto con los servicios desde la construcción de una carretera, edificio público, recogida de basura o suministro de agua.

Santiago dejó claro que todos los servicios públicos que presta la administración “tienen que contratarse a través de los procesos de licitación pública con encargos a empresas públicas”.

Contratos menores
Respecto a los contratos menores, aseguró que la oficina independiente de regulación y supervisión de la contratación aprobó en el mes de marzo una instrucción sobre los contratos menores para “intentar poner fin en las disparidades que había entres las distintas juntas consultivas a nivel de todo el estado en la interpretación de la ley de contratos en contratos menores”.

También, Santiago hizo hincapié en que ningún contrato que haga la administración “puede escapar” de los principios generales como el de publicidad, concurrencia e igualdad de trato.

Sobre si se acaba controlando estos contratos, manifestó que se está intentando controlar a nivel normativo, estableciendo cuáles son las pautas y los requisitos que tienen que ir en cada expediente de un contrato menor. Asimismo, apostilló que desde la supervisión y los órganos de control externos como el Tribunal de Cuentas, Cámaras de Cuentas Autonómicas también controlan los contratos menores que hacen determinados entes en el sector público.

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