La necesidad de viviendas en Melilla es cosa de todos

Melilla arrastra desde hace años un problema estructural de acceso a la vivienda. Una realidad que golpea especialmente a los jóvenes, a las familias con menos recursos y a quienes, sencillamente, buscan una oportunidad de futuro sin tener que hipotecarse para siempre. Lo triste es que durante demasiado tiempo este problema ha estado sepultado bajo la inacción política, cuando no por la propaganda vacía.

Hoy, afortunadamente, algo está empezando a moverse.

El secretario general del Partido Popular de Melilla y vicepresidente primero del Gobierno local, Miguel Marín, ha vuelto a poner sobre la mesa una verdad incómoda: la vivienda ha sido la gran olvidada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Después de siete años de socialismo en La Moncloa —y cuatro de gestión local compartida con Coalición por Melilla—, no se construyó ni una sola vivienda pública en nuestra ciudad. Ni una. Ni siquiera se dejaron los proyectos hechos. Solo palabras.

En contraste, el nuevo Ejecutivo del PP en Melilla ya ha puesto en marcha cuatro promociones de Viviendas de Protección Oficial (VPO) que suman 68 unidades y una inversión de más de 10,6 millones de euros. Y eso solo es el principio. Para esta legislatura, el compromiso es claro: 500 nuevas viviendas comenzarán su tramitación administrativa, y muchas de ellas ya tienen nombres, ubicación e incluso fases en marcha.

Desde Monte María Cristina (33 viviendas y 5,4 millones de inversión), pasando por Luis de Molini, Sousa Oliveira o Matías Montero, los proyectos tienen planos, presupuestos y plazos. ¿Se puede decir lo mismo del Gobierno central? Lamentablemente, no.

Pero más allá de la legítima crítica política, hay un fondo mucho más importante: la vivienda no puede seguir siendo rehén de los vaivenes ideológicos ni del tacticismo electoral. Si algo ha demostrado la experiencia reciente es que cuando las administraciones no suman, restan. Y los perjudicados siempre son los mismos.

Por eso resulta especialmente preocupante que, en una reciente Comisión Multilateral del Plan Estatal de Vivienda, la ministra Isabel Rodríguez vendiera a bombo y platillo un acuerdo que, según ha desmentido el propio Miguel Marín, “nunca existió”. Ni hubo consenso ni hubo documento real sobre la mesa.

No hay burbuja de pisos turísticos (apenas 12 registrados, según el nuevo Registro Único del Alquiler de Corta Duración), ni una presión especulativa comparable a la de grandes ciudades, pero sí hay una demanda social insatisfecha. Y eso exige una respuesta urgente, rigurosa y sostenida en el tiempo por parte de todos, tanto administración central como local.

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