El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Melilla ha dado la razón a un aspirante de las oposiciones a la Policía Local en la última convocatoria por la que se cubrieron 32 plazas de agentes en este cuerpo de seguridad, que fue eliminado en el reconocimiento médico porque, según la Ciudad Autónoma, no tenía una estatura mínima de 1,65 metros. Se trata de la segunda condena al actual Gobierno por unas oposiciones de la Policía Local, tres meses después de la anterior: la Ciudad Autónoma tendrá que pagar las costas.
Según la sentencia, el juez considera probado que el aspirante sí supera ese mínimo de 1,65 metros requerido e insta a la Ciudad Autónoma a readmitirlo como funcionario en prácticas, ya que había superado todas las pruebas anteriores, físicas, de conocimientos y psicotécnica.
Así, explica que el tribunal de oposiciones realizó una única medición, por la que consideró que la estatura de este aspirante estaba por debajo de 1,65 metros. La Ciudad Autónoma se negó a admitir sus recursos, alegando que el aparato con el que realizó la medición, que dio un resultado de 163,5 centímetros, no tenía fallo de calibración.
En este proceso judicial, hasta tres pruebas han corroborado que el opositor eliminado sí estaba por encima de ese mínimo requerido en la estatura: un informe de una mutua, según el cual este aspirante mide 165,4 centímetros; un informe pericial aportado con la demanda, en el que se realizaron hasta cinco mediciones, más de la mitad de las cuales arrojaron 165 centímetros; y la prueba pericial judicial, que ha concluido que el aspirante eliminado mide 165,2 centímetros.
El juez considera que el aspirante mide, al menos, los 1,65 metros exigidos al valorar de manera conjunta todas estas evidencias documentales, “de muy distintas fuentes y con base en mediciones tomadas en fechas muy dispares, frente a una única medición realizada por los servicios médicos designados por el tribunal calificador”.
Por lo tanto, entiende que el opositor eliminado por su estatura debe ser declarado apto en la prueba de reconocimiento médico. “Por tanto, superada la primera fase del proceso selectivo, se le debe nombrar funcionario en prácticas y continuar con él dicho proceso selectivo, con los correspondientes derechos económicos con efectos retroactivos si finalmente lo finaliza con éxito”, apunta el juez.
También condena expresamente a la Ciudad Autónoma a abonar las costas causadas en el juicio.
Suárez-Valdés: “Cambian los gobiernos, pero se mantienen las irregularidades”
El opositor al que la Justicia acaba de dar la razón ha estado representado por el abogado Antonio Suárez-Valdés, muy contundente al señalar que “las oposiciones a Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla son un no parar de irregularidades de todo tipo que los Tribunales de Justicia intentan contener”.
“Cambian los gobiernos y cambian los amigos a colocar, pero se mantienen las irregularidades en los procesos de acceso a la función pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, que por suerte cuenta con unos jueces imparciales que vienen corrigiendo toda arbitrariedad que detectan”, ha agregado Suárez-Valdés.
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