Lamentan que en estos casi dos meses de huelga el Ministerio de Justicia no haya dado “ningún paso adelante para reactivar las negociaciones” y desconvocar la huelga
Casi dos meses después de que comenzara la huelga indefinida del cuerpo de Letrados de la Administración Justicia (LAJ), provocando una paralización casi total en la actividad judicial en Melilla y en el resto del país con miles de juicios y demás actuaciones suspendidas, esta parece aún lejos de acabarse.
Y es que, según apuntan fuentes cercanas a los huelguistas, el Ministerio de Justicia “no ha dado ningún paso adelante para reactivar la negociación” con los secretarios judiciales, que le piden a la titular de dicha Cartera, Pilar Llop, que “ejecute los acuerdos” que alcanzó con los LAJ para una mejor retribución económica.
Así, advierten que la celebración de las próximas elecciones municipales del 28 de mayo “están en riesgo” por la actitud “caprichosa” del Ministerio de Justicia, “que no negocia por considerar que las reivindicaciones de los secretarios judiciales son “de privilegiados y su solución es la amenaza de quitar funciones a este cuerpo de secretarios judiciales que pueden asumirla perfectamente otros funcionarios».
“Nuestra huelga no es política ni de privilegiados, sino la unión de un cuerpo jurídico muy cualificado y con gran responsabilidad que ha dicho basta, y que sigue en huelga por dignidad”, dejan claro, alertando que “está en juego la fe publica judicial”.
Juicios diarios suspendidos
Según apuntan estas fuentes, el índice de participación de la huelga de secretarios judiciales en Melilla es bastante alto, con entre 7 y 9 los secretarios judiciales que secundan diariamente la huelga de los 14 convocados.
Un seguimiento que tiene un impacto notable en los juzgados de la ciudad con suspensiones diarias de juicios, más de 300 demandas civiles pendientes de reparto, más de 1.000 actos de comunicación pendientes y cuatro lanzamientos judiciales suspendidos. Asimismo, la ejecución civil sigue paralizada salvo aquellos movimientos como el pago de las pensiones que se han declarado servicios mínimos.
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