La G.Civil interviene en el puerto 2.700 cerraduras falsificadas

La Guardia Civil ha intervenido 2.700 cerraduras falsificadas en el puerto de Melilla y ha denunciado a un empresario de la ciudad que figuraba como administrador y consignatario de la mercancía, que ha pasado a disposición judicial como supuesto autor de un delito contra la propiedad industrial. Según informó ayer la Comandancia de la Guardia Civil en una nota de prensa, esta actuación tuvo lugar el 30 de septiembre, cuando la Unidad de Análisis de Riesgos, integrada por guardias civiles y personal de la Aduana y Agencia Tributaria, registraron un contenedor que había llegado a Melilla vía marítima con mercancía declarada como cerraduras para edificios. Tras la apertura y reconocimiento físico de la mercancía, se apreció que dentro había 90 cajas con cerraduras para puertas, con el logotipo e inscripción de una reconocida marca comercial, susceptibles de poder ser falsas, lo que motivó su intervención e instrucción de diligencias judiciales al apreciarse indicios de delitos contra la propiedad industrial.
Además, se iniciaron gestiones para determinar el origen cierto de la mercancía, su consignatario y destino presumible de la misma.
El representante legal de la marca en España confirmó la falsedad del producto intervenido, aunque destacó que se trataba de una falsificación del producto muy buena tanto por el material utilizado para su fabricación como el de los embalajes, prácticamente igual a los originales.
Por ello, se procedió a realizar una confirmación de la falsedad mediante una prueba pericial realizada con una de las cerraduras intervenidas, cuyo valor superaba los 84.000 euros.
El destino final de la mercancía falsificada intervenida presumiblemente era la venta en diversos establecimientos de Melilla y por su cantidad, también en Marruecos.
El administrador y consignatario de la mercancía es un varón de nacionalidad española, empresario afincado en Melilla, que ha pasado a disposición judicial como supuesto autor de un delito contra la propiedad industrial, quedando la mercancía intervenida en el almacén de la Aduana de Melilla a disposición de la autoridad judicial.

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