La Comisión de DDHH llevará a la ONU y la UE la “violencia policial” contra los inmigrantes

La Comisión de observadores de Derechos Humanos que ha visitado Melilla entre el 3 y el 6 de julio elevará un informe al respecto al Comité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas y al Comité Europeo de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa para denunciar la “violencia policial” sobre los migrantes en la zona y la construcción de una valla fronteriza en suelo marroquí. Según explica la comisión integrada por activistas, juristas y representantes de ONG, junto al informe registrarán una petición para que ambos organismos internacionales realicen una visita urgente a la ciudad autónoma y evalúen por sí mismos las “vulneraciones de derechos en que están incurriendo”, conforme denuncian, tanto España como Marruecos en la zona.

Sobre la violencia, el informe preliminar señala un “recrudecimiento” de los malos tratos propinados por las fuerzas auxiliares marroquíes sobre los migrantes, “ya que el control policial a los campamentos del monte Gurugú ha aumentado, así como se han producido actuaciones que se han saldado con numerosas personas heridas”, especialmente tras cada 'devolución en caliente' ejecutada desde España.
“Las actuaciones de las fuerzas de seguridad marroquíes se producen debido a los acuerdos en materia de cooperación en control migratorio suscritos entre la Unión Europea, España y Marruecos. Entendemos que la UE y el Estado español son también responsables de corroborar que en la aplicación de un acuerdo del que son parte no se producen vulneraciones de Derechos Humanos”, explica la organización.

En cuanto a la violencia de los agentes de España, el informe da por constatado que “en los últimos meses se han producido situaciones de malos tratos, principalmente en el momento de dar el salto a la valla, protagonizadas por las fuerzas policiales españolas” y cita como ejemplos el salto del pasado 24 de abril que se saldó “con al menos 50 personas heridas” y se utilizaron gases contra los migrantes.

Respecto a la valla que está construyendo Marruecos, la comisión señala que tendrá tres metros de altura y contará con tres filas de alambrada equipada con cuchillas. “Queremos denunciar que la instalación de dicho dispositivo puede aumentar significativamente el número y la gravedad de las heridas de las personas que intenten acceder al Estado español por la valla”, dice.

Derecho a la Salud
Durante su visita, en la que se han reunido con organizaciones locales y residentes del CETI, han recorrido la frontera y realizado acompañamientos a centros sanitarios, la comisión ha encontrado “situaciones de vulneración flagrante de la legalidad en lo que respecta a la asistencia sanitaria”.

Según afirman, a quienes están en situación irregular “se les exige con carácter previo al ingreso en urgencias la firma de un compromiso de pago de los gastos que pueda generar la atención” y, por otro, porque los menores “tampoco están recibiendo la atención que la ley les garantiza”, ya que se procura derivarles a centros de salud del lado marroquí aún teniendo obligación de atenderles.

CETI
Sobre el CETI, que registra una ocupación tres veces superior a su capacidad máxima (480 plazas), denuncian el “hacinamiento” y la “imposibilidad de proporcionar la asistencia social y sanitaria adecuada”. En su opinión, la sobre ocupación genera además “un incremento de la tensión entre las personas internas y el consiguiente aumento de la conflictividad”.
“Los módulos que han tenido que habilitarse para dar cobijo al exceso de personas internas carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad y comportan la supresión de espacios que deberían emplearse para otro tipo de actividades como guardería, formación y educación. La insuficiencia de espacios, además, impide que las familias puedan desarrollar adecuadamente una vida en común”, concluyen.

Además, dicen que en el CETI los niños “carecen de instalaciones adecuadas a sus necesidades y no pueden estar con ambos progenitores salvo en el degradado descampado que rodea al centro”. “Denunciamos en este sentido la pasividad de las autoridades en el acondicionamiento y el mantenimiento del entorno del CETI en condiciones dignas”, apunta el informe preliminar.

Menores
Por otra parte, explica que la comisión ha comprobado sobre el terreno “el importante número de personas sirias susceptibles de protección internacional, en tanto que desplazadas por el conflicto bélico desencadenado en su país de origen” que se encuentran en Melilla y que “no ejercen su derecho a la solicitud de asilo ya que saben que comporta permanecer allí durante meses antes de recibir una respuesta”. El documento también aborda la situación de los menores no acompañados para poner de manifiesto “el absoluto abandono por el cuidado y la protección” en que se encuentran y que, según afirman, “se traduce en maltrato institucional y aboca a muchos de estos niños a la supervivencia callejera”.

Acceda a la versión completa del contenido