La colaboración ciudadana impide la huida de un hombre tras verter escombros en la Palma Santa

La Policía Local ha tramitado una denuncia por el vertido de escombros en la vía pública, que podría conllevar una sanción de hasta 3.000 euros, contra un individuo que dejó varios sacos en una zona retirada de la ciudad y que, gracias a la colaboración ciudadana de testigos, pudo ser interceptado antes de huir.

En una nota de prensa, la Jefatura de la Policía Local de Melilla ha informado de que los hechos han ocurrido este domingo, sobre las 11.30 horas, cuando la sala operativa del 092 recibió varias llamadas telefónicas de particulares que estaban observando cómo de un vehículo todoterreno rojo estaban sacando escombros y arrojándolos a la vía pública.

Una patrulla de la Policía Local acudió a la zona, en las inmediaciones del Cerro de Palma Santa, con los datos de la matrícula, marca, modelo y color del vehículo con el que el individuo estaba llevando a cabo el vertido de escombros.

De camino a la zona, los agentes se cruzaron con este vehículo en la Carretera de Farhana, que ya se alejaba del lugar donde se le había observado realizando el vertido, por lo que procedieron a darle el alto y comprobar la carga que portaba en el maletero, que estaba repleto de sacos de escombros.

Mientras los policías identificaban al conductor, se acercó a los agentes un particular que les informó que él había sido testigo de cómo dicho individuo había llevado a cabo el vertido de escombros en las cercanías del Cerro de Palma Santa momentos antes, hechos que fueron admitidos por el autor de los hechos.

En concreto, informó a los agentes de que había realizado el vertido de cuatro sacos de escombros en la vía pública, por lo que ha sido denunciado por el Reglamento para la Recogida de Residuos Municipales en la Ciudad Autónoma de Melilla, que recoge multas hasta 3.000 euros porque indica claramente la prohibición de abandonar o manipular residuos en cualquier espacio público de la ciudad.

El Reglamento también hace mención a que las personas infractoras están obligadas a retirar los residuos abandonados y limpiar el espacio que hubieran ensuciado y, en caso de no hacerlo, lo haría la Ciudad Autónoma, imputando lo costes correspondientes por los servicios prestados.

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