La Ciudad pide cambios en la Ley para que los MENA salgan de Melilla en 3 meses

El Consejo de Gobierno de Melilla aprobará en su próxima reunión una propuesta para que se modifique la Ley de Protección del Menor para que los menores extranjeros no acompañados (MENA) permanezcan en Melilla un máximo de tres meses antes de ser retornados a su país o trasladados a otros centros de acogida de la península. La otra novedad que incluye esta propuesta es que el tiempo que estos menores estén en Melilla, tendrán que ser atendidos no por la Ciudad Autónoma, como ocurre en la actualidad, sino por la Administración General del Estado, “como competente en materia de inmigración”, al considerar el Gobierno melillense que estos menores son migrantes económicos.

El presidente melillense, Juan José Imbroda, dio a conocer ayer en rueda de prensa esta propuesta de la Ciudad Autónoma, que será aprobada en el Consejo de Gobierno de Melilla la próxima semana para su debate en comisión y en la Asamblea, y tras su aprobación será elevada al Gobierno de España para que adopte las medidas que solicita.
Imbroda explicó que en esta propuesta, la Ciudad Autónoma de Melilla plantea que en la Ley 1/1996 de Protección Jurídica del Menor se incorpore una nueva disposición adicional cuarta, que llevaría por título “Menores extranjeros no acompañados: especificidades de Ceuta y Melilla”.
En dicha disposición, el Gobierno melillense pretende que se atiendan las “singularidades” de ambas ciudades autónomas dando prioridad a la devolución de los MENA a sus países de origen, bien directamente o a los países de tránsito.

Interés superior
Ello se llevaría a cabo “en aras de la protección del interés superior de estos menores y a efectos de su integración y desarrollo en el núcleo familiar de origen y su entorno sociocultural”, “en consonancia” con una resolución del Consejo de Europa y el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales suscritos por España.
La propuesta melillense establece que esa devolución debe hacerse en un plazo máximo de tres meses, en el que la Administración General del Estado se hará cargo de garantizar el “adecuado amparo” de estos MENA, ofreciéndoles “apoyo material y los cuidados básicos para satisfacer sus necesidades básicas”, como alimentación, alojamiento y cuidados sanitarios.
En el caso de que en ese plazo máximo de tres meses no se hiciera efectivo el retorno de los menores a sus países de origen o de tránsito, la propuesta de la Ciudad Autónoma establece que “serán, necesariamente, trasladados a otros centros de acogida del territorio nacional”.

Problema de España y Europa “en su conjunto”
Imbroda señaló que el retorno a los países de origen se haría “con todas las cautelas del mundo”, porque “el bien supremo” y el amparo al menor es estar dentro de su arraigo familiar, pero si no fuera posible, tendría que llevarse a cabo el traslado a la península para que “España en su conjunto dé una solución a este problema”.
“No puede ser que Melilla tenga que afrontar este problema cuando es de España y Europa en su conjunto”, defendió el presidente autonómico, que recordó que la Ciudad Autónoma acoge en estos momentos en sus centros a casi mil MENA: “Nos está gravando de manera potente y fuerte, no podemos mantenerlo más”, sostuvo.
Imbroda dijo que “lo deseable” es que esta propuesta sea aprobada por unanimidad en la Asamblea de Melilla, y espera que, sobre todo, sea apoyada por el PSOE porque es el responsable del Gobierno central y “esto es política nacional”.

“Ante un fenómeno nuevo no te puedes quedar de brazos cruzados porque te lleva por delante”

Imbroda defendió la necesidad de esta medida al recordar cómo la única solución adoptada por el Gobierno de Sánchez, “un llamamiento a la solidaridad nacional”, no dio resultado por haber un ofrecimiento de acoger a 180 plazas por parte de las comunidades autónomas, cuando hay varios miles en todo el territorio nacional. Imbroda aclaró que esto no es una cesión al Estado de las competencias que la Ciudad Autónoma tiene en materia de menores, a la que el Gobierno melillense no renuncia, si bien dejó claro que “hay que ponerlo sobre la mesa” porque la llegada de estos menores es “un fenómeno nuevo” al que hay que dar respuesta como se hizo con la inmigración irregular hace unos años.
“Ante un fenómeno nuevo no te puedes quedar de brazos cruzados porque eso te atropella, te lleva por delante”, argumentó Imbroda para defender que la llegada de estos MENA tiene “características específicas de migración económica” a las que hay que dar respuestas como propone la Ciudad Autónoma de Melilla, pero sin quitar a este colectivo “un ápice” de sus derechos.

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