La Ciudad Autónoma de Melilla ha apostado por hacer una “reforma de máximos” del Estatuto de Autonomía de la ciudad, que este 2025 cumple 30 años (1995-2025), para que Melilla “avance” en su nuevo modelo de desarrollo socioeconómico, “de vital importancia para la subsistencia de la ciudad, y en aras a recuperar esa falta de autonomía y esa merma en la capacidad de autogobierno a golpe de sentencias”.
Así lo ha señalado durante su intervención en el Pleno de Control al Gobierno en la Asamblea la consejera de Presidencia y Administración Pública, Marta Fernández de Castro, que ha pedido en este sentido “valentía” y “ambición” para conseguir tal objetivo y no conformarse con una reforma “de mínimos” que pidió el PSOE en 2021.
Y es que, a su juicio, los objetivos de desarrollo que figuran en el Estatuto “no se han desarrollado como inicialmente se preveía”, poniendo a modo de ejemplo el retroceso en la renta per cápita de los melillenses, que ha pasado del 76,36% en 2010 al 63,13% en la actualidad. “Hemos perdido 10 puntos y no ha habido reacción por parte del Estado para que en Melilla reine la paz social”.
También, ha puesto el acento en “la petrificación del derecho estatal de la ciudad autónomas”, que significa que, al ostentar las comunidades autónomas “competencias exclusivas” del artículo 148 de la Constitución Española, “ y sobre las que el Estado no puede legislar ni tan siquiera de forma supletoria, están perviviendo leyes arcaicas exclusivamente aplicables a las ciudades de Ceuta y Melilla”, poniendo de ejemplo la Ley del Suelo.
“Está suponiendo una clara distorsión del Estado autonómico tal y como lo conocemos, porque, a la postre, somos territorios que no estamos incardinados dentro de comunidad autónoma alguna”, ha resumido.
“No podemos depender de convenios interadministrativos para el desarrollo de la ciudad, y tampoco ver mermadas nuestras aspiraciones de autogobierno por decisiones judiciales en materia interpretativa, que han supuesto que no se han desarrollado nuestras competencias en condiciones aceptables”, ha manifestado.
Por su parte, el diputado de CPM, Emilio Guerra, ha defendido también la necesidad de reformar un estatuto que, basándose en la sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2019 que impedía el nombramiento de consejeros que no fuesen electos, “hace aguas”.
“Dejó claro entonces que la supuestamente reconocida autonomía singular era, en la práctica, una autonomía local, y perjudicaba nuestras posibilidades de autogobierno”, ha explicado, dejando claro que estas deficiencias normativas pueden ser “corregidas si ponemos todos el empeño y la voluntad política de querer hacerlo”.
Es por eso por lo que le ha sorprendido “gratamente” la posibilidad de que se pueda llevar a cabo “una reforma de máximos” del Estatuto de Autonomía.
“Más vale tarde que nunca”, le ha respondido Fernández de Castro.
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