Si bien el presidente anunció que él asumiría las firmas de los consejeros que estaban “en pause”, lo cierto es que Eduardo de Castro no ha cumplido con ese compromiso y el normal desarrollo de la administración autonómica se ha visto totalmente alterado Casi una semana después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que determina que los cargos de consejeros y viceconsejeros de los gobiernos de las ciudades de Ceuta y Melilla deben ser ocupados por “diputados electos”, finalmente el Gobierno ha tenido que cumplir con la misma y cesar a los seis cargos que no reunían esta condición.
La decisión afectó a medio Consejo de Gobierno, como son los consejeros de Economía y Hacienda, Julio Liarte; de Presidencia, Paula Villalobos, y Bienestar Social, Francisco José Rubia; así como tres viceconsejeros: de Deportes, Jalid Said, de Juventud, Yusef Kaddur, y de Comercio, Jaime Bustillo.
El presidente no ha dado este paso hasta que ha tenido en sus manos los tres informes técnicos que solicitó sobre esta cuestión y que coincidieron en subrayar que la sentencia del TS, aunque surgió a raíz de una denuncia en Ceuta, también se debe cumplir en Melilla, al tener el mismo estatus que la llamada “ciudad hermana”.
Este contratiempo en un gobierno que tomó posesión apenas hace cuatro meses, en concreto el 4 de julio de 2019, ha provocado una paralización de la administración.
Si bien el presidente de la Ciudad anunció hace días, cuando surgió esta polémica, que el ejecutivo seguiría funcionando y que él asumiría las firmas de los consejeros que estaban “en pause”, según su propia definición, lo cierto es que Eduardo de Castro no ha cumplido con ese compromiso y el normal desarrollo de la administración autonómica se ha visto totalmente alterado.
Por ello, no faltan las voces que piden a De Castro que actúe y cumpla con su obligación mientras es presidente del gobierno tripartito que forman Cs, PSOE y CPM, para acabar con esta paralización y que la administración vuelva a funcionar, algo que actualmente no ocurre.
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