Cuesta trabajo digerir escuchar o leer en boca o letra a algún responsable o irresponsable político opinar y pontificar sobre las “presiones a un juez”, cuando ese mismo “pontífice” o el partido al que representa se niega con fruición a facilitar la independencia judicial. La elección de miembros de los órganos de dirección del conjunto de profesionales de la judicatura sigue siendo una quimera. De la fiscalía, ni hablar, es aún menos independiente. Y esa independencia, que la inmensa mayoría de juezas, jueces, fiscalas y fiscales no hay porqué dudar que aplican a sus decisiones viene amenazada, además, por la falta de recursos tanto humanos como técnicos.
Miremos lo que nos ocupa y preocupa, Melilla. Ha vuelto (si es que alguna vez se fue) al espacio de la Justicia desde hace un tiempo cierta precariedad e interinidad más allá del esfuerza de los profesionales que allí obran. A las circunstancias personales, que al ser humanos allí inciden también, se suman una especie de crónica falta de recursos humanos y técnicos. Sustituciones y apoyos para el normal desarrollo y singularmente para avanzar en procedimientos, se vuelven en retos al ser recabados por los representantes de jueces, como el Decanato u otras órganos.
En cuanto a la técnica, herramientas para facilitar y mejorar la administración de justicia, lagunas insondables aún permanecen por “explorar”. Si nos fijamos en el “papel 0”, término tantas veces cacareado, sigue siendo de muchos “enteros”. ¿Cómo repercute esto, especialmente a los grandes y procelosos procedimientos con políticos inmersos o sin ellos?: Alargando la penitencia del presunto inocente, cuando efectivamente lo es y prolongando la impunidad del culpable, el corrupto, que continúa, en ocasiones, vulnerando al “amparo” de una justicia lenta y de final incierto. Más allá, claro está, de las estrategias de acusación y defensa dilatorias en tantos casos.
Esta situación aborgatada por la falta de recursos, es campo propicio para los intentos de rábulas “influencers”, que los hay, conseguidores y oportunistas de diversa piel que, según el destino de sus gestiones y como les vaya el viento, apoyan o no la necesaria mejora del ámbito de trabajo de la Justicia.
A propósito que juezas, jueces, fiscalas y fiscales, opinen y cada día más, es saludable. No menoscaba su labor de imparcialidad y contrapresta a que cada vez se opina más sobre ellas y ellos.
Y sobre justicia, también la social. Tantas veces injusta. En plena y sonora polémica en Melilla sobre la escolarización de un grupo de niños que va despidiendo un notable tufillo electoral, cabe recordar que desde hace décadas, varias, ni una ni dos, las diferentes Administraciones (cada una en sus competencias y todas al unísono) no han propiciado la normalización y ordenamiento urbanístico y documental (todo lo contrario, aumentó la anormalidad y el desorden) de determinadas zonas de nuestra ciudad por motivos, seguramente, difícilmente confesables como el político electoral dado el ineludible componente añadido de trauma a paliar. La primera víctima , los vecinos de derecho de esa parte melillense y que les corresponde solución. La segunda, el presente (“de aquellos polvos, estos lodos”). La tercera, el futuro, muy comprometido.
“Cualquier injusticia contra una sola persona representa una amenaza hacia todas las demás” (Montesquieu)
