El Ministerio del Interior se ha desmarcado este miércoles de la decisión de retornar a Marruecos a los menores que llegaron a Ceuta en mayo. Alega que es un trámite solicitado por el Gobierno de Ceuta. «No existe acto o instrucción del Ministerio del Interior que pueda ser recurrido ante la Sala a la que nos dirigimos», alega el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, que añade: «No se trata de un acto dictado por un ministro o secretario de Estado».
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional había reclamado al Ministerio del Interior que remitiera en un plazo de 24 horas el oficio de 10 de agosto en el que la Secretaría de Estado de Seguridad fundamenta la repatriación de menores en virtud del Acuerdo de 2007 firmado con Rabat.
«Debe concluirse que, en realidad, el recurso ante la Sala se interpone contra el acuerdo por el que ordena el retorno de los menores, que no ha sido dictado por el Ministerio del Interior», recoge el escrito. Por este motivo, entiende que la Sala «no sería competente para conocer el recurso».
Solicitud del Gobierno de Ceuta
«Desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta se ha venido solicitando la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007». «En estos términos dirigió su último escrito, del pasado 10 de agosto, a la Delegación del Gobierno en Ceuta, la cual –a su vez– lo remitió a la Secretaría de Estado el mismo día».
Interior, que adjunta copia de todos estos trámites, señala que el 10 de agosto «se dirigió un escrito rogando se procediera a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos». «Todo ello con el fin último de garantizar en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela», añade.
El departamento ministerial recuerda que la entrada a Ceuta de personas procedentes de Marruecos los días 17 y 18 de mayo «hizo necesario implementar medidas para garantizar la efectiva protección y tutela», incluyendo a los niños, así como para su «retorno siempre que ello sea aconsejable tras haber analizado sus circunstancias personales».
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