Injusticias

Personas que conocen muy bien la Fundacion Melilla Monumental se han dirigido a nosotros, con amargura, calificando este cese como una gran injusticia luchar”
Si el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla confirma hoy, lunes, cuando escribimos este Editorial, el cese de Maribel Pintos como presidenta de la Fundación Melilla Ciudad Monumental para nombrar, por “razones” familiar-políticas a una persona poco conocida en estas lides culturales, Betlem Planells, se habrá cometido una injusticia y dado un paso atrás en el cuidado del acervo cultural melillense.

Maribel Pintos fue nombrada hace algo más de tres años y medio por el anterior Gobierno de Melilla, presidido por Juan José Imbroda, y durante ese tiempo lo que se sabe es que ha hecho un gran trabajo, con un buen equipo humano, científico y cultural en la Fundación Melilla Ciudad Monumental. El hecho de que fuera nombrada por otro Gobierno no es “razón” suficiente para cesar a nadie, aunque lo habitual, desgraciadamente, sea que se haga eso. Solo sería justificable el cambio si el, o la, sustituta fuese una persona de amplia y conocida experiencia y éxitos en el terreno cultural, lo cual no es el caso, en este caso.

Personas que conocen muy bien la Fundacion Melilla Monumental se han dirigido a nosotros, con amargura, calificando este cese como una gran injusticia, que es lo que efectivamente parece. Nuestro patrimonio cultural es una de las pocas cosas que poseemos y que necesitamos preservar. Denunciar las injusticias también debería formar parte de nuestro patrimonio cultural, en vez de considerarlas como inevitables, como algo contra lo que no se puede, ni se “debe”, luchar.

Otra injusticia inexplicable es que el máximo responsable de la multitudinaria boda del 31 de diciembre de 2020 en Melilla -un escándalo que ya ha llegado al Congreso de los Diputados- el tristemente famoso novio colocado en la Consejería de Hacienda como asesor de la Consejera, siga cobrando, siga sin ser cesado.

La “razón” de este despropósito es que, según el sentir general de los políticos, toda pasa rápido y todo se olvida. Pero en este caso, con este escándalo en unas circunstancias especialmente graves, con muertes de personas contagiadas por haber acudido a actos multitudinarios y prohibidos, como el de aquella boda, no creemos que se pueda permitir que este sujeto siga cobrando de la administración pública por asesorar a nadie. El tiempo que pase sin cesar a este individuo no hará olvidar el daño, sino al contrario: aumentará la indignación y la sensación de que padecemos una injusticia más.

Hoy el Tribunal Supremo revisará la condena judicial de Mustafa Aberchán y otros, pero no se conocerá hasta mediados del próximo mes de febrero el veredicto del Supremo, que tendrá suma importancia en el futuro político de nuestra ciudad. De momento solo cabe insistir en que una Justicia lenta no es Justicia y que los daños causados por la lentitud judicial a personas e instituciones son, por mucho que se pueda intentar justificar la tardanza, graves e irremediables.

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