Imbroda tiene la “conciencia tranquila y las manos limpias” en el caso de los convenios

El presidente del Gobierno de Melilla, Juan José Imbroda, dijo ayer que tiene “la conciencia tranquila y las manos limpias” en el caso de los convenios de publicidad institucional de la Ciudad Autónoma con los medios de comunicación locales, que el Juzgado de Instrucción número 3 ha elevado ante el Tribunal Supremo. Imbroda dijo que no le preocupa “en absoluto” porque el procedimiento que se ha seguido cuenta con el visto bueno de varios informes técnicos y se ha realizado conforme a una sentencia de 1999. En rueda de prensa, Imbroda aseguró que respeta la Justicia y está a su disposición como ya hizo en el caso de los abogados, pero no comparte “lo que se ha hecho” en este caso de los convenios de prensa, por el que se imputan presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
“Estoy la mar de tranquilo”, afirmó el presidente melillense para dejar claro que sólo estaría preocupado “si hubiera dado una obra o un servicio a cambio de”, algo que no ha sucedido porque recordó que tiene las competencias de contratación delegadas en el Consejo de Gobierno y otros consejeros de su Ejecutivo.
Imbroda aseveró que el procedimiento que se ha seguido para insertar publicidad institucional en los medios de comunicación mediante convenios fue establecido por una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del 12 de julio de 1999, según la cual se debía repartir la publicidad con todos los medios por convenios con proporcionalidad según la difusión.

Legalidad de los convenios
Además, el Tribunal de Cuentas le ha dado el visto bueno tras revisar todos los anuncios en prensa escrita y radios hasta que en febrero de 2013 instó a cambiar el modo de contratación a nivel nacional, en el conjunto de las administraciones públicas y no solo en la Ciudad Autónoma.
“Se hacen cientos de convenios de colaboración en el ámbito de la publicidad institucional en toda España”, puntualizó Imbroda. De esta manera, recordó que el Tribunal de Cuentas dejó claro que “la figura del convenio se hace de forma profusa por la totalidad de las administraciones públicas, dada la especial naturaleza de dicha prestación y los sujetos encargados de la prestación de la publicidad”.
Por tanto, defendió la legalidad de los convenios de publicidad, con los que el informe de la Guardia Civil reconoció que la Ciudad Autónoma “se ha ahorrado ingentes cantidades de dinero con el procedimiento aplicado”. De hecho, afirmó que el gasto público que hay ahora es “el mismo o menor que el que se hacía en 1997, 1998 ó 1999”.
En este sentido, también recordó que los convenios contaron con informes favorables de dos interventores diferentes de la Ciudad Autónoma y de un secretario técnico, que es “un letrado y prácticamente el notario de una consejería” que corrobora que “se cumplan las leyes”. Al hilo, Imbroda negó que haya ordenado o sugerido nada a estos funcionarios e insistió en que los convenios cuentan con la debida fiscalización no solo de los técnicos de la Ciudad Autónoma, sino también de otros organismos como el Tribunal de Cuentas, de modo que tienen “todos los parabienes del mundo mundial”.
Por tanto, consideró que “aquí no hay caso, aquí hay un ruido” por el que partidos como Ciudadanos y PSOE “se han tirado como locos, como posesos, a morder” contra el Gobierno.
A su juicio, si el problema es que Cablemel no recibe publicidad institucional también tiene explicación en una sentencia que daba la razón a la Ciudad Autónoma en el sentido de que es una televisión de pago que no emite en abierto para todos los ciudadanos.

En cada campaña electoral
Según Imbroda, con todos estos argumentos sobre la mesa, no puede responder a la pregunta de por qué se ha elevado este caso al Supremo, aun cuando la Fiscalía emitió un informe pidiendo el archivo. “Tendrá que responder el que pueda”, consideró Imbroda, que se mostró favorable de que se quitara el aforamiento para las 9.000 personas que lo tienen en España, incluido él como senador.
También lamentó que cada vez que hay una campaña electoral se le presente “una historia de estas” relacionada con la Justicia, algo que se toma “con resignación”. “Me ha tocado, es un motivo más de la campaña. A la próxima no sé si voy a aguantar”, bromeó Imbroda tras asegurar que si este caso le obliga a irse a su casa, lo hará “con la conciencia tranquila” y sería “una ayuda para dar el paso, que siempre cuesta”.

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