Melilla y Ceuta no estaban en el paraguas defensivo de la OTAN y tras la firma de los acuerdos de coordinación de la defensa del territorio español, las dos ciudades quedaban fuera del compromiso de solidaridad al que se encontraban sometidos los estados miembros de la Alianza Atlántica, en caso de que España fuera atacada. Así lo recogía la prensa nacional.
El Consejo de Ministros acordaba la denuncia de los tratados de supresión de visados para el trasiego de personas entre España y Marruecos y con Túnez, que databan de 1964 y 1966. Las razones esgrimidas por el Gobierno respondían a cuestiones de política general de la UE.
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