Los diez guardias civiles encarcelados por un presunto delito de cohecho y falsedad de documento derivado del llamado fraude del gasoil ocurrido en el puerto de la ciudad, salían siete días después del centro penitenciario entre la expectación y la alegría de sus familias y amigos congregados a las puertas. Los agentes, suspendidos de empleo y sueldo, eran puestos en libertad previo pago de 250.000 pesetas.
La UPM dejaba patente que rechazaría cualquier estatuto de autonomía para Melilla que no contemplara la capacidad legislativa.
Los melillenses se sumaban al carnaval 1994, participando activamente en la cabalgata oficial.
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