Con aportación municipal de ocho millones de pesetas, se anunciaba que en el plazo de seis meses se informatizarían los órganos judiciales melillenses. Para ello se firmaba el pertinente convenio entre el Ayuntamiento y el Consejo General del Poder Judicial.
Los seis miembros críticos de la UGT que habían sido suspendidos cautelarmente de militancia afirmaban que no reconocerían la legitimidad de la sanción en tanto el secretario general de la FSP, Alonso Díaz, no acatara la sentencia firme que dictara la Comisión Federal de Conflictos en su contra. Los expedientados afirmaban que la cúpula nacional del sindicato seguía "inhibiéndose" a la hora de buscar soluciones al conflicto que amenazaba con llevar al caos a la UGT en Melilla.
Con aportación municipal de ocho millones de pesetas, se anunciaba que en el plazo de seis meses se informatizarían los órganos judiciales melillenses. Para ello se firmaba el pertinente convenio entre el Ayuntamiento y el Consejo General del Poder Judicial.
Los seis miembros críticos de la UGT que habían sido suspendidos cautelarmente de militancia afirmaban que no reconocerían la legitimidad de la sanción en tanto el secretario general de la FSP, Alonso Díaz, no acatara la sentencia firme que dictara la Comisión Federal de Conflictos en su contra. Los expedientados afirmaban que la cúpula nacional del sindicato seguía "inhibiéndose" a la hora de buscar soluciones al conflicto que amenazaba con llevar al caos a la UGT en Melilla.
