El delegado del Gobierno, el socialista Manuel Céspedes, tenía que comparecer en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, para responder acerca de su presunta intromisión en competencias exclusivas del Ayuntamiento. La petición de su comparecencia, realizada por el diputado del PP por Melilla, Jorge Hernández, se debía a su defensa de la tesis del PSOE en torno a la legalidad o no del pleno de la moción de censura contra el alcalde del PP y no prosperó.
CSIF calificaba de "acto antidemocrático, anticonstitucional y antisocial" el acuerdo alcanzado entre la FSP-UGT y la Corporación por el que se echaba de la mesa de negociación colectiva a los sindicatos CCOO y CSIF.
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