La Mesa del Congreso acordó remitir los proyectos de Estatuto de Ceuta y Melilla a los letrados de las Cortes a fin de que dictaminaran sobre su constitucionalidad. Algunos de los integrantes de la Mesa objetaron que unos Estatutos que no llevan a ser comunidad autónoma no deberían tramitarse como leyes orgánicas. La Mesa estaba controlada por el PSOE y el PP, los partidos que pactaron los dos estatutos.
El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, acusó al PP de crear un "problema sin base" en torno a las manifestaciones de Felipe González acerca de la necesidad de "dialogar" con Marruecos sobre Ceuta y Melilla.
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