La empresa Atlas restringió el suministro de bombonas a unos 6.000 usuarios, es decir, una tercera parte del total, que tenían la instalación de gas sin actualizar, como indicaba una nueva legislación que establecía para los usuarios la obligatoriedad de aportar cada cinco años una certificación autorizada del buen estado de sus instalaciones de gas. Por otra parte, la militancia de UPM rechazó la posibilidad de cualquier pacto electoral de cara a los comicios del 28 de mayo durante una asamblea general. Asimismo, la UD Melilla declaró persona non grata a Juan Antonio Iglesias, por dictar una orden de embargo en su condición de recaudador de la Seguridad Social, al considerar que éste sólo favorecía a los equipos del CD Gimnasio Iglesias, del que era presidente.
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