El delegado del Gobierno, Manuel Céspedes, aseguraba que no daría explicaciones públicas hasta que el juez no levantara el secreto de sumario abierto por un presunto delito de falsificaciones documentales urdidas desde la Delegación y que motivaron la detención del hombre de confianza del delegado.
El director del Centro Penitenciario acusaba a un funcionario expedientado que alentara la denuncia presentada por la madre de un interno, que acusaba al centro de malos tratos. El director señaló que los hechos se habían producido en el transcurso de una reyerta multitudinaria en la que resultó apuñalado un interno.
Emvismesa y la Dirección Provincial de Obras Públicas firmaban un convenio para la rehabilitación de viviendas por valor de 1.400 millones de pesetas.
