Los principales representantes del PP, IU y UPM coincidían en exigir la titularidad pública para los medios de transportes con la Península, al entender que estos servicios debían tener la misma consideración que las carreteras, autopistas y redes ferroviarias del país. En este sentido, añadieron que las leyes del libre mercado no deberían afectar al futuro de las conexiones, pese a ser tres partidos con una visión tan diferente entre sí en lo que a diseño económico se refiere.
Un informe de 88 folios, firmado por el gabinete de abogados "Interlawyer", especialista en Derecho Internacional, que había sido enviado al Ayuntamiento de Ceuta previo pago de tres millones de pesetas, exponía la posible inconstitucionalidad del proyecto de estatuto de autonomía para Ceuta y Melilla.
