Recuperar la imagen de limpieza que Melilla había perdido hacía años conseguía que el equipo de gobierno y la concesionaria del servicio, Itusa, limaran diferencias. Conjuntamente elaboraban un plan sobre la base de la existencia de puntos negros en la ciudad, que quedarían bajo la competencia de las empresas Consulting y Carmelo Martínez, contratadas al efecto. Ello permitiría a Itusa reforzar su presencia en los barrios. En 2 meses se valoraría la eficacia de la operación en la que se invertirían 30 millones de pesetas.
El juzgado de Instrucción nº 1 de Melilla podía haber extraviado un arma de fuego incautada como consecuencia de una acción policial, según su propietario, Francisco Toledo, que llevaba dos años esperando la devolución del arma.
