La Fiscalía imputaba al director técnico de la Confederación Hidrográfica del Sur y dos doctores ingenieros del organismo adscritos al Estado, como posibles responsables de los defectos de proyecto que llevaron a la ruptura, el 17 de noviembre de 1997, del depósito de aguas de Cabrerizas que costó la vida a once personas.
La Consejería de Bienestar Social recibía, en el capítulo de transferencias, la gestión del Comedor San Francisco y el comedor social.
Enrique Alcoba, presidente de Acome, aseguraba que 1997 no había sido para el comercio local "ni mejor ni peor" que otros años.
Cruz Roja acogía en la península a 600 centroafricanos procedentes de Ceuta y Melilla.
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