Un grupo de cinco inmigrantes procedentes del Sahara que conseguían llegar a Melilla evidenciaba una polémica legal, y es que hasta que no se llevara a cabo el nunca celebrado referéndum sobre la independencia de la antigua colonia española, todos ellos tenían la nacionalidad española, tal cual les reconocía la legislación internacional, pero en Melilla se les trataba como inmigrantes marroquíes. El tema se elevó al Defensor del Pueblo a la espera de que se resolviera el conflicto.
El Partido Popular denunciaba al gobierno de Enrique Palacios de continuar con su campaña de persecución política hacia los diputados locales del PP, funcionarios afines e incluso empresarios, a los que se les retiraban concesiones como la explotación de los ambigús municipales.
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