El juez Ezequiel García, instructor de la causa para determinar las responsabilidades penales derivadas de la rotura del depósito de aguas de Cabrerizas que acabó con la vida de once personas, dictaba auto de prisión provisional para el ingeniero de la Confederación Hidrográfica del Sur, José Manuel Marcos, que debía depositar en 48 horas hasta 20 millones de pesetas a modo de finanza para no entrar en prisión, en calidad de acusado por la presunta comisión de once casos de homicidio. El segundo técnico de la Confederación, Juan Manuel Calvo, quedaba en libertad condicional. El juez tomaba declaración a un tercer imputado. El presidente de la Ciudad Autónoma, Ignacio Velázquez, inspeccionaba los centros transferidos por el Imserso, caso del Comedor San Francisco.
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