La aprobación de las obras realizadas en Reina Regente por parte del Consejo de Gobierno suscitaba un nuevo resurgimiento del enfrentamiento extremo que los grupos políticos de la oposición en la asamblea de Melilla mantenían con el equipo local de gobierno, al que acusaban de hurtarles su derecho a la participación en la gestión de la Ciudad Autónoma. El problema se suscitó en su momento cuando la empresa adjudicataria pedía 400 millones de pesetas por unos trabajos para los que sólo se habían presupuestado 28 millones. Al final la empresa cobraría 298 millones. El PSOE anunciaba, por este motivo, nuevas acciones contra el presidente de la Ciudad, Ignacio Velázquez.
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