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El gobierno de Enrique Palacios recibía un nuevo revés judicial con el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ordenaba cumplir la sentencia por la que Beatriz Caro, diputada local del PP, debía recuperar su puesto como vicepresidenta primera de la Asamblea de la Ciudad de Melilla.
El Juzgado número 3 tramitaba la querella presentada por CCOO contra Mustafa Aberchán, consejero de Medio Ambiente, por haberles llamado “sindicato del crimen”.
Comenzaba en el Juzgado número 2 el estudio de las pruebas testificales solicitadas por la acusación en el caso del cierre del Ayuntamiento, en el que estaba implicado el presidente de la Ciudad, Enrique Palacios, al que se imputaba un delito de presuntas coacciones, así como de impedir el ejercicio de derechos civiles.
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