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Como consecuencia de la aprobación de la Ley de Extranjería, el delegado del Gobierno, Arturo Esteban, disponía de plenos poderes para llevar a cabo la política de expulsión de inmigrantes ilegales e incluso, en colaboración con los titulares de los juzgados melillenses, establecer las medidas de privación de libertad para cubrir el período comprendido entre la detención del extranjero y su rechazo al país de origen o en su caso, retorno al territorio marroquí.
Diez accidentes de tráfico y cinco casos de diferentes delitos contra la propiedad se habían producido de un día a otro. Diez heridos, veinte vehículos implicados en la siniestralidad de la circulación y varios melillenses internados en la sala de observación del Hospital Comarcal daban cuenta de la situación del tráfico rodado.
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