Francisco Suárez, consejero de Empleo y uno de los miembros del gobierno local que negociaba con los sindicatos la valoración y catalogación de los puestos de trabajo de la Ciudad Autónoma, se mostraba partidario de empezar de cero la referida catalogación, a fin de evitar una consolidación de nuevos aumentos en las nóminas de los empleados y funcionarios, que podrían poner en nueve mil millones de pesetas el gasto de personal, si se incluía el coste de los empleados en las sociedades dependientes de la Ciudad Autónoma.
El entonces viceconsejero de Sanidad y Consumo, Antonio Calduch, tenía constancia de que en Melilla se celebraban peleas de perros y que por ese motivo se producían robos de canes en distintos barrios y puntos de la ciudad.
