La Ciudad Autónoma aseguraba que no insistiría en el derribo del barrio de Averroes, el más afectado tras la riada mortal de 1997, si el Ministerio de Fomento apostaba por su rehabilitación. No obstante, el viceconsejero de Urbanismo y Vivienda, Yamal Mohamed, confiaba en que el director general de la Vivienda reconsiderase la postura a tenor del informe técnico que hablaba de la reaparición de grietas en los bloques que habían sido recalzados. La Guardia Civil apuntaba que a lo largo del año 1999 se habían detectado 240 infracciones en materia de medio ambientes. Las más numerosas, 65 se referían a disposiciones a la ley de costas. También señalaba que el comercio ilegal de especies protegidas como las tortugas cubría el 50% de las infracciones controladas.
