El grupo parlamentario de la UPM había presentado ante el registro municipal la anunciada moción contra las interferencias de Marruecos en los asuntos internos de Melilla. Su intención era que la Asamblea autonómica se pronunciara al respecto antes de dirigirse institucionalmente al Gobierno nacional con idéntico motivo. Para los upemistas resultaba intolerable la injerencia del principal partido de la oposición marroquí en la libertad de acción política y social que la Constitución española y el estado de derecho reconocía a los partidos políticos españoles.
El director de AENA había confirmado al diputado del PP por Melilla, Jesús Javier Pérez que los PGE del 2000 reservaban más de 50 millones de pesetas para la financiación del estudio técnico de la ampliación de la pista del Aeropuerto melillense.
