¿Gargantas profundas de Salander?

Solo por revelación de secreto por parte de funcionario público, la pena podría alcanzar los 5 años de prisión El sumario del llamado caso Montecristo, en el que se investiga la supuesta revelación de secretos oficiales a un supuesto grupo criminal que actuaba en las redes sociales bajo el pseudónimo de Lisbeth Salander, ha destapado toda una supuesta trama de funcionarios que aprovechaban los conocimientos que tienen de los asuntos públicos, para al parecer facilitarlos a este perfil y airearlos en las redes sociales con fines políticos en unos casos y de venganza personal en otros. De la lectura de dicha sumario, entre los funcionarios que pudieron haber revelado datos oficiales y secretos están un miembro de la Guardia Civil, otro de la Policía Nacional y una empleada de los Juzgados. El primero y parece que más destacado sería el guardia civil que perteneció a la Policial Judicial del Instituto Armado, José Ignacio M.Z., conocido entre los miembros del presunto grupo criminal como Nacho, Nachete o "mi picoleto", que podría haber ido comunicando los pasos que se daban en la Operación Ópera contra miembros del Gobierno de Melilla. Entonces llamó la atención de que saliera en todas las fotografías de dicha intervención al lado de la jueza María José Alcaraz, un excesivo protagonismo que luego ha tenido reflejo en el selfie que se hizo durante el registro en Festejos y la peineta que realizó con destinatario incierto aunque imaginable.

Otro posible confidente de Lisbeth Salander sería un agente de la Policía Nacional, Sergio J., que también habría podido contribuir a facilitar información que sólo por su profesión podía lograr, como causas que consultaba en los ficheros informáticos de la Policía Nacional, según la investigación realizada para desmontar lo que las propias fuerzas de seguridad han denominado como "grupo delictivo que operaba en las redes sociales, responsable de revelar secretos judiciales, extorsionar, calumniar e injuriar a personas o entidades".

El tercer pilar de la información secreta y oficial que suministrarían a L. Salander podría haber venido de la mano de una funcionaria de los juzgados de Melilla, Alejandra L., según el informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, trabajadora a la que la Guardia Civil considera que "pudiera haber facilitado información sensible o secreta de carácter policial-judicial de distintos procedimientos" a los que tenía acceso por su puesto en las Torres, incluidos los que estaban bajo secreto.

Solo por revelación de secreto por parte de funcionario público, la pena podría alcanzar los cinco años de prisión. Por tanto quienes se han podido aprovechar de su condición de servidores públicos para hacer un mal uso de los medios que el Estado pone a su alcance, les puede costar caro el haber apoyado a un perfil delictivo como el que en un futuro próximo se va a juzgar con el caso Lisbeth Salander.

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