El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado el «ataque constante» a los empresarios por parte de ciertos miembros del Gobierno como parte de una «campaña de descrédito» al mundo empresarial: «Esta semana me ha tocado a mí», ha señalado en referencia al sueldo que percibe en la patronal, de unos 380.000 euros anuales.
En declaraciones a Telecinco y Antena 3 recogidas por Europa Press, Garamendi ha afirmado que su sueldo no se ha incrementado un 9%, sino un 3%, el mismo porcentaje que el resto de la plantilla de CEOE, y ha negado que tenga que regularizar su situación laboral.
«Es falso. No tengo que regularizar absolutamente nada. En España hay más de 200.000 personas como yo, que tienen que pagar dos veces a Hacienda. Yo soy autónomo y voy a seguir siéndolo porque los empresarios no podemos estar en el Régimen General», ha subrayado.
«Ni son 400.000 euros ni me he subido el 9% porque además no soy yo, esto es un tema de una entidad privada. La Junta Directiva son 255 miembros y es lo que se ha aprobado. Le puede gustar a la gente o no», ha defendido.
El empresario vasco cree que con todo lo que se está diciendo sobre su sueldo en CEOE se está haciendo «campaña» para destruirle, pero ha avisado de que seguirá adelante, porque «es del Norte y aguantará».
«Que el Gobierno esté mandando mensajes de división, me parece gravísimo. Se está acusando con el dedo y ahora me ha tocado a mi, porque estoy solo», ha denunciado.
Respecto a las críticas del presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, de que no le parece «sensible» el sueldo de Garamendi y de que esta situación puede «complicar» la vida a la clase empresarial, Garamendi ha señalado que su salario «ni complica ni descomplica».
«Perdona el ejemplo, pero esto es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba en minifalda. No acepto pulpo como animal de compañía», ha afirmado.
Garamendi ha insistido en que su salario ha sido aprobado por la Junta Directiva de la CEOE y que es una decisión adoptada en el seno de una organización privada. «Sólo faltaba que el Gobierno tenga que decidir lo que tenemos que ser o decir o decidir algunos para opinar sobre lo que se hace bien o mal», ha señalado.
