La ley de la oferta y la demanda es el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Este principio refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de este, teniendo en cuenta el precio al que se vende el producto.
Así, según el precio que haya en el mercado de un bien, los oferentes (los que venden) están dispuestos a fabricar un número determinado de ese bien. Al igual que los demandantes (los que compran) están dispuestos a comprar un número determinado de ese bien, dependiendo del precio.
La ley de la demanda establece que, manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio de ese bien aumenta. Por el otro lado, la ley de la oferta indica que, manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando lo hace su precio.
En base a todo lo anterior, lo lógico sería que en los próximos meses la demanda de productos bajase (dados los precios al alza existentes) y que, con posterioridad, los oferentes (los que venden) deberían bajar los precios para recuperar a los demandantes (los que compran) perdidos y no entrar en pérdidas.
El problema está en que estas leyes suponen que “todo lo demás se mantiene constante” y eso no pasa porque los productos cuyos precios suben más (luz, gas, gasolina, piensos, etc.) son difícilmente prescindibles y, por tanto, por mucho que suban los precios, el consumo/demanda no bajará en la misma proporción.
Lo comentaba con un amigo (dueño de una empresa de camiones, que ha pasado de tener 13 empleados a 3) en un reciente viaje. El razonamiento es simple: se produce un círculo vicioso en el que, por un lado, los productores primarios tienen que subir los precios de sus productos para compensar la subida originada por los precios de la luz, el gas y los carburantes (y para no morir o cerrar el negocio); por otro lado, los demandantes (los que compran) deben (en contra de la ley de la oferta y la demanda) seguir comprando productos cuyos precios no paran de subir porque muchos de ellos son de primera necesidad. El círculo se completa con que otros muchos productos cuyos precios se incrementan van a dejar de ser demandados por los demandantes (siguiendo fielmente la ley de la oferta y la demanda), por no ser de primera necesidad (ya los comprarán en el futuro si bajan los precios y mejora su capacidad adquisitiva), y ello va a provocar despidos, ERES y ERTES.
La consecuencia del círculo vicioso (contra el que nuestros políticos locales y nacionales no hacen nada, o lo que hacen es tomar medidas que empeoran el problema) es el empobrecimiento general de la población, la merma cada vez mayor en el dinero disponible (agravada por las acciones- más impuestos de Pinocho y compañía- u omisiones – falta de agilidad en subvenciones locales, como las de mantenimiento al empleo que, se supone, está gestionando, a ritmo de tortuga, la sociedad de capital público Proyecto Melilla) y los futuros despidos que se avecinan.
Es evidente que, si no se inyecta dinero a todos los sectores (probablemente sea el momento de posponer algunas grandes obras y subidas de salarios a los empleados públicos, para destinar el dinero ahorrado a un bien mayor), especialmente a las pymes y autónomos (ambos los verdaderos motores del país) para mitigar el impacto de los altos precios de la energía y los carburantes, el círculo vicioso girará y girará.
Propuestas vacuas de reforma del Estatuto de Autonomía
Las propuestas se resumen en:
CPM propone que los diputados estén aforados y no puedan ser detenidos, que los miembros del gobierno no tengan que ser electos, especial protección para el tamazight y la designación de un senador por la Ciudad Autónoma.
Por su parte el PP propone: que se recoja expresamente la denominación de
“Ciudad Autónoma de Melilla”; que el presidente de la Ciudad Autónoma sea el representante del Estado en Melilla; separar la figura del presidente de la
Asamblea del presidente de la Ciudad Autónoma; que los miembros del gobierno no tengan necesariamente que ser miembros electos de la Asamblea, a excepción de los vicepresidentes y que las competencias que no aparezcan en el Estatuto puedan ser transferidas por el Estado a la Ciudad Autónoma mediante ley o delegación y que estos cambios surtan efecto a partir de la próxima legislatura, que arranca en 2023.
Si entrar en las propuestas (lo hago más adelante). No parece el mejor momento para acometer/acordar estos cambios porque lo más probable es que no se pudieran ratificar por el Senado antes de las próximas elecciones, con lo que los acuerdos decaerían.
Entrando en el fondo se puede pensar que ambos grupos se centran en temas poco importantes para los melillenses (con la excepción de la propuesta del PP de que se transfieran competencias a la Ciudad Autónoma que tienen las otras autonomías).
Sobre las propuestas de CPM (Coalición por Melilla): que haya políticos aforados es una aberración y que pretendan que los miembros del gobierno local también pasen a serlo es un paso más en el desprestigio de la clase política; deben, todos los políticos, ser tratados ante la ley igual que cualquier ciudadano.
Por otro lado, siendo, aparentemente, bueno el que los miembros del gobierno no tengan necesariamente que ser miembros electos de la Asamblea (algo en lo que están de acuerdo ambos partidos), sería mejor centrar los esfuerzos en ser una autonomía de verdad con la creación de una nueva autonomía que incluyese a Ceuta y Melilla.
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