España tendrá que defender hoy ante la ONU los rechazos en frontera

España se someterá hoy miércoles al Examen Periódico Universal que realiza Naciones Unidas para evaluar el grado de cumplimiento de los Derechos Humanos en su territorio, un control en el que tendrá que defender su política de lo que consideran “devoluciones sumarias” de inmigrantes en Ceuta y Melilla a petición tanto del Comité como de distintos países, entre los que figuran Reino Unido y Noruega. El examen, que se realiza en Ginebra y al que se enfrenta España por segunda vez (la primera fue en 2010) tiene en cuenta el informe que elabora el Gobierno sobre los Derechos Humanos en España y los que remiten organizaciones de la sociedad civil, instituciones como el ACNUR o el Defensor del Pueblo y los relatores especiales de la ONU que hayan visitado el Estado en el periodo analizado.

Los informes remitidos a la ONU reflejan la situación hasta principios de 2014, por lo que no abordan la legalización de las devoluciones en caliente que emprendida en la recta final del año mediante una disposición adicional al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que modificará la Ley de Extranjería. No obstante, tanto el Comité de Derechos Humanos como diversos países han pedido expresamente a España explicaciones al respecto.

Es el caso de Noruega, que formula por escrito la siguiente pregunta: "¿Podría España explicar la compatibilidad entre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y el principio de no devolución, una parte consuetudinaria del Derecho Internacional, y con la actual legislación de la Unión Europea?".

Casi con la misma redacción está registrada la cuestión que plantea Reino Unido, en busca de una argumentación desde España que justifique "la compatibilidad de la nueva ley con el principio de no devolución, que constituye una parte consuetudinaria del Derecho Internacional, y con la actual legislación de la Unión Europea".

Desde República Checa, preguntan directamente al Gobierno de España si "considera la posibilidad de revisar el cumplimiento de las leyes de inmigración y sus propuestas de modificación, en particular de las disposiciones que permiten devoluciones sumarias de migrantes y refugiados sin el debido procedimiento, a la luz del principio de no devolución y la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes".

No es la única pregunta del examen sobre este asunto. El Ejecutivo checo pide a España que explique "cómo va a garantizar la seguridad y unos estándares mínimos en las condiciones de los centros (de Estancia Temporal de Inmigrantes) de Ceuta y Melilla", crónicamente superpoblados.

El informe elaborado por el Gobierno español, que nada decía de las devoluciones en caliente, reconoce que los CETI están "sobreocupados", expone que Ceuta y Melilla "están soportando en los últimos meses una extraordinaria presión migratoria, debida a los asaltos masivos a los perímetros fronterizos" y recuerda que la Comisión Europea había comprometido 10 millones de euros en "medidas de emergencia" en este sentido. Con todo, la Ley de Seguridad Ciudadana no está en el objetivo sólo por la modificación de la de Extranjería. Reino Unido quiere saber "cómo se va a asegurar el Gobierno de España de que la nueva ley no se utilizará para prevenir o limitar protestas públicas legítimas a través de sus restricciones sobre dónde pueden producirse manifestaciones y multas por infracciones menores durante las mismas". Suecia, en la misma línea, pide al Ejecutivo que argumente "qué medidas se han adoptado para asegurar que la nueva ley de S. Ciudadana no limita en ninguna medida el ejercicio del derecho a la libertad de reunión".

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