Los bancos deberán asumir desde este sábado 10 de noviembre el impuesto que se abona al elevar las hipotecas a escritura pública, pero no tendrán que hacerlo cuando concedan los créditos a determinadas entidades e instituciones, como el Estado o la Iglesia, que ya estaban exentas cuando este tributo lo pagaban los clientes. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el viernes el real decreto ley aprobado el jueves por el Consejo de Ministros para modificar las leyes que regulan el impuesto sobre actos jurídicos documentados y el impuesto de sociedades. El texto, que impide a los bancos desgravarse el gravamen de las hipotecas del Impuesto de Sociedades, entra en vigor desde este sábado pero deberá ser convalidado en el Congreso.
El Gobierno impulsó el cambio legal tras la decisión del pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de rectificar las tres sentencias que dictó en octubre según las cuales debían ser los bancos, y no los clientes, los que pagaran el impuesto.
Tras dos jornadas de debate, el pleno decidió el pasado martes volver a la doctrina anterior, que hacía recaer el gravamen en los clientes.
El real decreto ley modifica el artículo 29 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para establecer que, al escriturar préstamos con garantía hipotecaria, el sujeto pasivo del tributo será el prestamista, es decir, el banco.
Además, cambia el artículo 45 para eximir a los bancos de pagar el impuesto cuando concedan hipotecas a determinadas instituciones como el Estado, las administraciones públicas o entidades culturales, científicas o de beneficencia.
Esta exención, que ya se aplicaba cuando el impuesto lo pagaban los clientes, se extiende a los partidos políticos con representación parlamentaria y a las iglesias y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado.
Ahora habrá ver qué pasos dará la banca y cómo repercutirá en el cliente esta decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, al obligarles a pagar los impuestos hipotecarios que hasta ahora abonaban los que pedían el crédito.
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