Emilio Guerra (CpM) reclama un pacto de Estado “urgente y justo” para el reparto de menores y rechaza la “judicialización de la solidaridad”

El diputado de la oposición advierte de que la confrontación política “deshumaniza” el debate y perjudica a los menores no acompañados

Coalición por Melilla (CpM) ha instado este miércoles al Gobierno central y a las Comunidades Autónomas a alcanzar con urgencia un gran acuerdo nacional para el reparto de menores migrantes no acompañados, tras conocerse que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de Castilla y León contra el Real Decreto-ley que regula esta medida.

El diputado de CpM en la Asamblea, Emilio Guerra, ha calificado de “prioridad humanitaria” la necesidad de garantizar una acogida digna y ha alertado del riesgo de que “la política y los tribunales se conviertan en el campo de batalla” de una cuestión que, a su juicio, debería abordarse con “altura de miras, responsabilidad institucional y justicia financiera”.

“No podemos permitir ahora la judicialización de la solidaridad”, advirtió Guerra. “El recurso introducido por Castilla y León, sumado a otros anteriores, genera una inseguridad jurídica que perjudica directamente a los niños y adolescentes que esperan acogida. No se puede retrasar lo urgente por una batalla partidista”.

Desde CpM, se ha subrayado que la medida de reparto no solo responde a un imperativo legal, sino también a una necesidad social que implica solidaridad territorial y respeto por el interés superior del menor. “La situación de saturación en Melilla, Ceuta y Canarias es insostenible y requiere soluciones inmediatas, no más confrontación legal”, ha insistido el diputado.

Guerra también ha criticado que el debate político se centre exclusivamente en cifras y financiación: “Cuántos niños, quién paga, cuánto me deben… Ese enfoque deshumaniza la cuestión. Se pierde de vista lo más importante: la protección y el bienestar de los menores, como mandan nuestras leyes”.

Melilla, ha recordado, sufre de forma directa una “presión migratoria exagerada” que hace especialmente urgente una respuesta estructurada por parte del Estado. “Aunque competencias y financiación son importantes, la negativa rotunda del PP y la judicialización como herramienta de presión parecen más una táctica política que una propuesta de solución”, sostuvo.

Además, CpM ha condenado los discursos que “criminalizan o estigmatizan” a los menores no acompañados, haciendo referencia a expresiones como “efecto llamada” o su vinculación con la inseguridad ciudadana. “Ignoran que estos niños son, ante todo, víctimas. Meter este tema en el fango de la política es irresponsable y profundamente injusto”.

Finalmente, Emilio Guerra se preguntó si es realmente tan difícil alcanzar un gran Pacto de Estado sobre migración y protección de la infancia. “Nos jugamos la coherencia ética del país, y el respeto a los derechos humanos más básicos. Es hora de estar a la altura”, concluyó.

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