El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias para comprobar si hubo o no supuestas irregularidades en seis contratos de emergencia adjudicados por el Gobierno de Melilla en la anterior legislatura, que superarían los 2,5 millones de euros, durante la pandemia del coronavirus.
En rueda de prensa, el consejero de Hacienda, Daniel Conesa, ha informado de que el Consejo de Gobierno celebrado este martes ha tenido conocimiento de este auto del Tribunal de Cuentas en el que se decide el nombramiento de un delegado instructor para las actuaciones previas.
Todo ello, a instancias de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que ha puesto de manifiesto estas presuntas irregularidades en seis contratos de emergencia, tres de ellos correspondientes a la gestión integral de un centro de menores en el Fuerte de Rostrogordo durante la pandemia, que abarcan alrededor de dos millones de euros.
Además de estos tres contratos investigados por el Tribunal de Cuentas, relativos a la antigua Consejería de Distritos, hay otros tres de la Dirección General de Salud Pública, uno de ellos el del servicio de gestión del laboratorio covid, cuya cuantía se eleva a 296.000 euros.
Los otros dos son el contrato de suministro de 20.000 test de la covid-19 por 133.200 euros, y otro para el suministro de equipos sanitarios para la pandemia, con un importe de 85.740 euros.
A partir de ahora, según ha informado Conesa, el Tribunal de Cuentas tendrá que tramitar el procedimiento y determinar si hay responsabilidad contable por parte de los cargos políticos que se encargaron de gestionar estos contratos y, en ese caso, si les corresponde asumir parte de la cuantía económica de ese dinero público “mal usado”.
El Consejo de Gobierno celebrado este martes también ha tenido conocimiento de una comunicación del Tribunal de Cuentas archivando un procedimiento de posible responsabilidad contable hacia los políticos y funcionarios que en la legislatura 2015-19, gobernada por el PP, gestionaron los convenios con la asociación Lal La Buya.
Conesa ha apuntado que, con este archivo, el Tribunal de Cuentas entiende que no hubo ninguna responsabilidad y que los convenios suscritos entre la Consejería de Cultura de aquella época y la asociación, formada por mujeres en situación de vulnerabilidad, “fueron correctos”.
Por lo tanto, “los argumentos del anterior Gobierno van a la basura”, ha celebrado Conesa en alusión al Ejecutivo formado en la pasada legislatura por CPM, PSOE y Eduardo de Castro, al que ha reprochado su “empeño en demonizar” estos convenios.
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