La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha decretado el archivo de tres expedientes que había abierto sobre la actuación de la Ciudad Autónoma de Melilla en el ejercicio de 2012 al considerar que no se produjeron irregularidades ni procede exigir responsabilidades a funcionarios o políticos de esta administración pública. Estos tres archivos se suman a otros que se han dado en los últimos años -el anterior, hace menos de un mes-, y da por cerrada la liquidación del ejercicio económico de hace cuatro años.
Según informó ayer el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Daniel Conesa, el Tribunal de Cuentas estaba pendiente de cerrar la liquidación provisional del ejercicio 2012 por estas tres actuaciones, sobre las que ha aceptado las alegaciones de la Ciudad Autónoma.
El también portavoz gubernamental explicó que uno de estos expedientes se refería al contrato de la Ciudad Autónoma con la empresa Getyr, que colabora con esta administración pública en la gestión tributaria y la recaudación de tributos y otros ingresos. Los otros dos casos afectaban a la elaboración de informes de auditoría para las empresas mercantiles y a un pago de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes a una cooperativa.
Respecto al contrato con Getyr para la recaudación tributaria, Conesa recordó que este asunto ya ha supuesto la apertura de otros expedientes en la fiscalización del Tribunal de Cuentas de ejercicios anteriores y todos han sido archivados, el último hace apenas un mes respecto a los ejercicios de 2010 y 2011.
Conesa señaló que en esta ocasión, sobre el ejercicio 2012, el Tribunal de Cuentas apunta que “no cabe apreciar la concurrencia de un elemento material de daño a los caudales públicos”.
Auditorías y cooperativa
También da la razón a la Ciudad Autónoma de Melilla en cuanto a que no existe una duplicidad de auditorías en las sociedades mercantiles, ya que la elaboración de estos informes de auditoría para empresas mercantiles, obligada por Ley, es una cosa distinta al órgano de control con el que cuenta la institución en la Intervención General.
Respecto al tercer caso, Conesa informó de que se refiere al pago que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes de la anterior legislatura ordenó un pago de 577.000 euros a una cooperativa y aunque el Tribunal de Cuentas dijo que no constaba la existencia de un contrato en vigor durante el año 2012, finalmente no puso en duda la prestación del servicio ni apreció que se haya producido un menoscabo a los fondos públicos.
Por todo ello, el Tribunal de Cuentas considera que no cabe la exigencia de responsabilidades económicas a los funcionarios que han intervenido en la tramitación de estos pagos o contrataciones y da por terminada la liquidación provisional del ejercicio 2012, que estaba pendiente de la resolución de estos tres casos ahora archivados.
“Hace falta salud y paciencia para que estas cosas se vayan aclarando”
El consejero de Hacienda, Daniel Conesa celebró estos tres archivos del Tribunal de Cuentas. “Estas cosas se van aclarando, y para esto hay que tener primero salud, y después paciencia porque los plazos son eternos”, dijo Conesa, que lamentó los “ríos de tinta interesados” que provocan por parte de la oposición y determinados medios de comunicación hasta que se produce el archivo. Y recordó en este sentido el caso de la empresa de recaudación Getyr y la imputación de los miembros de la Mesa de Contratación de legislaturas anteriores, que finalmente quedó en nada.
Conesa recordó además que estos archivos se suman a “otros muchos que se vienen produciendo en muchas cuestiones que el Tribunal de Cuentas envía a la Sección de Enjuiciamiento”, muchas veces por defecto en la documentación que la Administración envía, dado que este organismo fiscalizador reclama una información “muy voluminosa”.
