El TC admite a trámite el recurso contra la Ley de Seguridad

El pleno del Tribunal Constitucional admitió este viernes a trámite el recurso presentado por la mayoría de los grupos de la oposición contra la Ley de Seguridad Ciudadana, que permite los “rechazos en frontera” en la valla de Melilla y Ceuta. Este trámite, como dejó claro el propio tribunal, no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, que el Constitucional resolverá en un futuro, y tampoco paraliza la entrada en vigor de esta polémica normativa el próximo 1 de julio. Esta normativa, en la que el Gobierno incluyó 'en extremis' la legalización de las cuestionadas expulsiones en caliente de inmigrantes a través de las vallas de Ceuta y Melilla, fue aprobada en mayo con el único apoyo de los votos del PP. Solo días después, el PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Compromís-Equo, Coalición Canaria y Geroa Bai presentaron su recurso por considerar que recortaba numerosos derechos fundamentales, sobre todo en lo referido al derecho a la manifestación.

Ahora, el Constitucional da quince días al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado para que presenten alegaciones a los argumentos de los demandantes. El Gobierno suavizó mucho el anteproyecto inicial, sobre todo tras las críticas descarnadas del Poder Judicial, que vio inconstitucionales numerosos preceptos impulsados por el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.

Del texto se suprimieron graves sanciones por las manifestaciones en las cercanías del Congreso de los Diputados; la regulación de los cacheos; el empeño de Interior por tipificar lo que actualmente son faltas penales como infracciones administrativas; o la autorización para que las fuerzas de seguridad pudieran "retener" a cualquier persona sospechosa de haber cometido una "infracción" por no llevar encima la documentación o negarse a facilitarla.

Pero, pese a todo, la oposición consideró que el texto que fue aprobado vulneraba hasta una docena de preceptos constitucionales, entre ellos los derechos a la dignidad e intimidad de las personas, a la información, a la tutela judicial efectiva, así como los de reunión y de manifestación, tal y como detalló entonces el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Antonio Hernando.

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