El Sindicato Médico de Melilla (SMM-CESM) considera que 2019 ha sido “un año perdido” que será difícil de recuperar en el futuro porque, según ha dicho, “no se ha hecho ningún avance” en la tarea de adecuar el número de facultativos de Medicina Especializada y Atención Primaria a la realidad demográfica y asistencial del área. De esta manera, se han “cronificado” los déficits estructurales y funcionales que existen en Melilla.
Esta organización sindical asegura que el director general del Ingesa, Alfonso Jiménez Palacios, ha exigido “mucho esfuerzo” a los profesionales sanitarios en general, y a los facultativos en particular. “A cambio, no ha existido ninguna contrapartida por parte de la Administración, salvo las buenas palabras, siguiendo al pie de la letra el aforismo de “ni una mala palabra, ni una buena acción”, lamentó.
En cuanto a déficit de facultativos, según el SMM-CESM, todas las especialidades del Hospital Comarcal, con la única excepción de Neurocirugía, y todos los centros de salud, están muy por debajo de las recomendaciones nacionales y de las estadísticas reales de nuestro país, con muchas áreas “en situación crítica”.
Neurocirugía
Respecto a la especialidad de Neurocirugía, habitualmente bien dotada de recursos humanos para el área y actividad asistencial realizada, el SMM ha efectuado una solicitud formal de información porque en 2019 se han aumentado los recursos humanos en un 50%, sin que el Ingesa haya notificado la causa. Sin embargo, “multitud de solicitudes de aumento de personal en equipos vitales y sobresaturados del área sanitaria, algunos en situación crítica, han caído directamente en la papelera, sin ningún informe técnico que lo justifique, bajo el sambenito de que “No hay dinero””, lamentó.
Herramientas legales
Por último, señaló que la utilización del dinero público, “máxime en situaciones críticas como la que padecemos en Melilla”, es “sagrada”. Por ello, y avalado por la Ley Orgánica de Libertad Sindical vigente, el SMM-CESM se ha comprometido a utilizar todas las herramientas legales “para evitar un eventual uso arbitrario, por parte de la Administración, de los recursos económicos existentes”.
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